La secesión como salvavidas

Pero en el caso catalán nada parece indicar que esta sociedad afronte condiciones de emergencia, ni que sea imposible modificar por medios democráticos y legales su autogobierno. No resulta necesario documentar el elevado nivel de vida que goza y su amplísima autonomía. Tampoco existen grandes diferencias respecto del resto de España, tanto en el modelo económico como en las relaciones sociales. No existe la más mínima relación con las condiciones que llevaron en 1861 a once estados de la confederación norteamericana a tratar de independizarse del resto de su Estado. La llamada Guerra de Secesión fue provocada por enormes fracturas sociales (la legalidad de la esclavitud), económicas (la agricultura intensiva en mano de obra versus la industria) y políticas (soberanía originaria de cada Estado versus soberanía sobrevenida de la Federación). Y tuvo como consecuencia que la confederación norteamericana -pues se trataba de estados que voluntariamente se habían organizado en uno superior, pero que retenían su soberanía inicial- se convirtiese de facto en una federación. A pesar de las insalvables diferencias sociales e ideológicas, prevaleció la integridad territorial; reformulándose el dominio de los blancos sobre los africanos a raíz del llamado ‘Compromiso de 1877’ (por el que se pactó un sistema legal que posibilitó un supremacismo blanco que duraría hasta los años sesenta del siglo XX).

Hasta ahora no ha habido en Occidente secesiones no pactadas en situaciones de paz. La de Noruega respecto de Suecia fue legal y democrática. La desintegración del Imperio austrohúngaro fue consecuencia de la pérdida de la Primera Guerra Mundial. En tanto que la antigua Yugoeslavia (un Estado formado solo unas décadas antes) se descompuso con la dictadura que la sustentaba. Otras secesiones del siglo XX -como las de las repúblicas bálticas y otros ‘estados’ miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas- también fueron fruto del desmoronamiento del sistema comunista.

En el caso catalán, la secesión se ha convertido en un salvavidas legal. Pero no ya del conjunto de la población -libre de unos peligros que justificasen tan traumático escenario- sino de su clase dirigente. Decenas de cargos públicos están viendo cómo sus manejos económicos ilegales les han puesto en la senda de la cárcel y las multas. A estos se unen quienes lideraron el proceso separatista con fondos públicos. Más de cinco millones de euros es la fianza que los jueces han impuesto solidariamente a los once principales responsables de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero no creo que sea una amenaza realmente muy poderosa y disuasoria, pues preveo que las organizaciones Asamblea Nacional Catalana y el Omnium Cultural reunirán esas cantidades mediante las suscripciones públicas que han lanzado. Porque son muy numerosos los ciudadanos legítimamente movilizados en pro de su ideal independentista, y porque hay bastantes empresarios que han ganado fortunas al amparo de los partidos separatistas. Sin embargo, más complicado será reunir fondos solidarios si se multiplica el número de políticos y cargos públicos implicados en sucesivos desvíos de fondos. Se es más rumboso con los famosos -que pueden regresar al poder y devolver los favores- pero no tanto con los modestos cargos locales; de ser inhabilitados, muchos perderán su único medio de vida, en tanto que los funcionarios serán expulsados de los cuerpos a los que accedieron tras una oposición.

A diferencia de los líderes independentistas de otras épocas -que podían enfrentarse al exilio y el ostracismo de por vida, e incluso al patíbulo- los de hoy se enfrentan a unas amenazas mucho más llevaderas: breves inhabilitaciones y multas que otros previsiblemente pagarán por ellos. Pecata minuta en la permisiva -políticamente- y garantista -legalmente- España del siglo XXI. Incluso es muy posible que en algunos municipios muy independentistas les dediquen monumentos y calles al salir de la cárcel. Y si ganasen… el ‘premio gordo’: ya se les ha prometido la amnistía de sus delitos económicos, serían ‘padres de la nación’, se enriquecerían, colocarían a todavía más amigos y familiares en los nuevos cargos del emergente Estado, mientras que sus hijos formarían dinastías políticas. Se trata de lo que en teoría económica se denomina ‘problema del free rider’: quien se beneficia de los resultados de forma desproporcional respecto del riesgo que asume. Algo parecido a los dirigentes de grandes empresas que ponen en peligro el patrimonio de sus accionistas y el empleo de los trabajadores para tratar de conseguir bonus todavía mayores. En el penoso caso catalán, es el conjunto de su población -sometida a un fuerte estrés social y con un crecimiento económico inferior al que conseguirían de no estar sometidos a esto- quien está pagando la factura para que unas decenas de dirigentes ‘hagan historia’ (y el ridículo, preveo). Patético.