Revés aleccionador

La decisión de la Justicia belga de rechazar la euroorden dictada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena contra los exconsejeros de la Generalitat Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un defecto de forma fue interpretada por el Alto Tribunal como expresión de una «falta de compromiso» para entregar a encausados por graves delitos. Primero la Fiscalía belga y finalmente el juez han hecho suyos los argumentos de la defensa de los exconsejeros autoexiliados al estimar que la requisitoria no se atiene a lo dispuesto por el Tribunal de la UE sobre la necesidad de que toda euroorden debe sostenerse en una orden nacional de detención previa. Este nuevo revés europeo a la forma en la que la Justicia española está abordando el 'procés' es fruto de una interpretación tan literal de ese precepto que desdeña los argumentos expuestos por Llarena en cuanto al contenido del auto de procesamiento dictado por él y la euroorden emitida desde la Audiencia Nacional por la juez Carmen Lamela. Pero también es consecuencia de la obstinación con que, en respuesta a la solictud de información complementaria por parte de la Fiscalía de Bruselas, Llarena se remitió al auto de procesamiento, cuando podía haber considerado oportuno atender esa petición en unos términos que no pudieran conducir a un rechazo por cuestiones formales. El Tribunal Supremo hizo circular ayer la idea de que la Justicia belga desconoce nuestro ordenamiento jurídico. Por especular, cabe pensar incluso que perdura en Europa un prejuicio general respecto a la naturaleza garantista de nuestro Estado de Derecho. Pero ello en ningún caso justifica que los jueces españoles se sientan heridos en su dignidad cuando son desatendidos en otras instancias. Y mucho menos que lleguen a actuar con una desaconsejable mezcla de terquedad y soberbia, o desde una sensación de infalibilidad insostenible en quien no está ungido para dictar resoluciones fuera de su ámbito inmediato de actuación. Al parecer, el Supremo espera a analizar con detenimiento el texto completo de la resolución belga para ver si encuentra algún resquicio que permita corregir la engorrosa situación. Pero de haberlo -lo cual es dudoso a tenor de lo expuesto por la Fiscalía belga- es lógico pensar que Llarena tendría que cursar una nueva euroorden, que debería incluir la orden de detención nacional correspondiente, tramitada en los términos en los que la Justicia belga reclama para tomarla en consideración.