El relator, una figura para desarmar al independentismo

No es un mediador ni internacional ni nacional que suponga quebrada la funcionalidad institucional española. Tiene mucho de simbólico

Segunda jornada sesión plenaria en el Parlment./Quique García / EFE
Segunda jornada sesión plenaria en el Parlment. / Quique García / EFE
JOSÉ MARÍA PORTILLO

Pues a mí me parece bien. Ya sé que con esta frase buena parte de los que posen su vista en este texto decidirán ir a otra cosa. Pero es cierto, me parece buena idea por varios motivos: dicha figura no es extemporánea al ordenamiento, no supone merma institucional ni un cuestionamiento de la idoneidad del sistema institucional actual, desarma una parte del argumentario de los independentistas y, finalmente, restablecerá una imagen internacional de España que, injusta pero efectivamente, no deja de estar en entredicho.

El ordenamiento constitucional y el legal que se deriva del texto fundamental respecto del funcionamiento de la política se basa en el sistema de partidos y en la democracia representativa. Es decir, partidos y parlamentos son los actores por los que necesariamente deben pasar las decisiones políticas de fondo. Eso, obviamente, no quita sino que está en su esencia y en su dinámica, que los partidos negocien políticamente al margen de los debates parlamentarios. Sobre todo ante cuestiones de especial gravedad es habitual que, en vez del Parlamento, sea en mesas de partidos donde se tomen las decisiones preliminares que luego se revalidan obviamente en las Cámaras legislativas. Así funcionó, y bien, la política antiterrorista tanto con el PSOE como con el PP.

¿Qué le añade la figura de un relator con funciones efectivas muy concretas relacionadas con las de un secretario y un fedatario? Poco y mucho. Poco desde el punto de vista de su relevancia institucional. No se trata de un mediador ni internacional ni nacional que suponga quebrada la funcionalidad institucional española. Mucho desde el punto de vista simbólico. Su solo anuncio ya ha abierto la caja de los truenos, incluso en el propio partido del Gobierno porque se ha interpretado, sin duda con razones para ello, que se trata de una cesión del Gobierno a los partidos independentistas. Lo es. La cuestión que deberíamos serenamente tratar es si es buena idea hacerlo, es decir, si puede ser efectiva para tratar de encauzar una situación política endemoniadamente difícil.

A ese respecto creo que debemos prestar atención a un dato que el ruido actual no deja oír con claridad: a la CUP no le gusta la idea, como al PP, Ciudadanos y Vox. Y yo diría que por similares razones, porque lo relevante desde esas posturas no es la utilidad sino el simbolismo de esa figura. Para el tripartito andaluz el símbolo es la deshonra de España, el cuestionamiento de la capacidad de sus instituciones para hacer frente a la crisis catalana, que debería atajarse con una aplicación sine die del artículo 155 de la Constitución. Dicho de otro modo, y aquí lo paradójico, el relator se rechaza porque cuestiona el ordenamiento institucional y se propone, justamente, suspender el ordenamiento constitucional (todo el título VIII) en Cataluña, una parte del territorio nacional y constitucional español sin fecha de retorno.

La CUP, por su parte, sabe bien que aceptando el relator se acepta la mesa de partidos, es decir, la negociación, es decir, la solución política a un malestar de una parte significativa de la sociedad catalana. Pura política que a la CUP le sabe amarga porque ellos son más de acción directa. Su símbolo también existe para ellos: Cataluña ya tiene de hecho otra institucionalidad y legalidad aprobadas el 1 de octubre de 2017. Paradójico también: rechazo del relator porque implica negociación, es decir, política cuando se acusa a España de no usar la política sino la represión.

¿Es conveniente esta cesión, que ya digo que lo es y en toda regla, al independentismo catalán? Seré muy benthamista, pero creo que la utilidad es mejor consejera que la pasión en la política. Mi impresión es que sí, porque no se cede en lo esencial y se consiguen dos beneficios nada despreciables. El primero, que se acepte por parte independentista que la solución política en Cataluña no es cosa bilateral sino multipartidaria con la consecuencia obvia: tan legítima en esa mesa será lo que proponga el independentismo como lo que proponga Ciudadanos, que, de paso, es el primer partido del Parlamento de Cataluña. Eso si va (yo creo que debería). En segundo lugar, no dejará mucho margen para decir por ahí fuera que el Gobierno se niega a cualquier solución política; al contrario, cede para facilitarla.

Tal situación dibujará un escenario en el que el independentismo enfrentará el peor de sus escenarios pues no será la cuestión si hay o no un referéndum de autodeterminación sino cómo rearticular políticamente todas las opciones ideológicas presentes en el Parlament. Pura política. Pero además, la figura de la discordia permitirá que todo ello quede perfectamente claro y que la posibilidad de manipular, sobre todo cara al exterior, la dinámica del debate se diluya. Es decir, bien establecidos los términos por supuesto, esa figura del relator puede en realidad ser un activo en manos de quienes creen (yo entre ellos) que no se dirime un conflicto entre España y Cataluña sino entre catalanes de distintas ideologías que requerirá luego su validación (o no) en el resto de España.