De qué rebelión hablamos

De qué rebelión hablamos
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Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

Aunque para algunos resulte una perogrullada, parece conveniente comenzar este artículo recordando el principio esencial de todo procedimiento penal, como es el de presunción de inocencia y no el de culpabilidad, con el que se funciona a veces en distintos ámbitos. La diferencia es monumental, pues mientras, en el, digamos, 'principio verdadero' el acusado es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, en el otro se invierten las tornas y el acusado se convierte en presuntamente culpable.

Las acusaciones atribuyen a los procesados hechos constitutivos de rebelión (sedición), malversación y desobediencia. Corresponde a las acusaciones probar los hechos y fundamentar con solidez que los mismos contienen los elementos objetivos y subjetivos de los distintos delitos.

De lo que hemos visto hasta ahora, se puede avanzar, a modo de conclusión provisional, que la acusación por rebelión flaquea mucho, pues su debilidad fáctica y jurídica es enorme. El delito de rebelión no tiene doctrina del Supremo que nos ilustre sobre el contenido del artículo 472 del Código Penal. Sin embargo, sí existe un pronunciamiento claro del Tribunal Constitucional sobre lo que debe entenderse por «rebelión». Fue en 1987, con motivo de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los parlamentos de Cataluña y el País Vasco contra la llamada Ley Antiterrorista, cuando el Constitucional dictó su sentencia 199/1987 y confirmó que era constitucional aplicar a las personas 'rebeldes' las medidas restrictivas de derechos que la Constitución preveía exclusivamente para personas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas. Dejó escrita la siguiente posición doctrinal: «Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional».

Es obvio que los hechos por lo que se les acusa a los procesados no tiene encaje fáctico ni jurídico en este delito, pues no existe la violencia constitutiva de la rebelión ¿Por cierto, cuánto dura un acto de rebelión? ¿Cuatro años, dos meses, un día (1 de octubre), dos días de concentraciones o un acto de declaración de independencia? Sin embargo, las acusaciones tienen a su favor una cierta predisposición de la Sala de lo Penal a aceptar la existencia de la rebelión. Fue el magistrado Marchena, el redactor del auto de admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, aunque decía, como es obligado, que no se prejuzgaba, quien adelantó la idea de que los hechos podrían ser rebelión o en su caso de 'conspiración para la rebelión'.

La acusación por sedición formulada por la Abogacía del Estado tiene además de los problemas probatorios, otros añadidos. Uno, referido a la falta de legitimación para formular acusación por sedición, pues al estar como acusación particular solo lo estaría para acusar por malversación. En segundo lugar, si se apreciara la sedición, solo cabría condenar a Sánchez y a Cuixart.

El delito de malversación tiene dificultad probatoria, máxime teniendo en cuenta las declaraciones realizadas en su día y también ahora, como testigo, por el exministro Montoro. Afirmar que la Generalitat pudo haber engañado a quien ejercía el control desde Madrid, no sirve de nada mientras no se pruebe que los fondos públicos se utilizaron para financiar el 'procés'. Por último, nos queda el delito de desobediencia. El único que parece incontrovertido desde el análisis de los hechos, pues parece obvio que el Constitucional fue desobedecido, y que algunos procesados han reconocido, justificando tal decisión en razón a que por encima del Constitucional está la voluntad popular catalana y de sus instituciones.