En punto muerto

El soberanismo y el federalismo no son conciliables, más allá de que se redacten ensayos creativos que ofrezcan apariencias de verosimilitud al empeño

En punto muerto
Kepa Aulestia
KEPA AULESTIA

El Parlamento vasco formalizó ayer su encomienda al grupo de cinco 'expertos' que han designado los cinco grupos de la Cámara para redactar su proyecto de reforma estatutaria. La ponencia parlamentaria encargada de la redacción de las bases sobre las que deberán trabajar los 'expertos' no se lo ha puesto nada fácil. El documento suscrito por PNV y EH Bildu como texto mayoritario y los votos particulares de las otras tres formaciones –Elkarrekin Podemos, PSE y PP– presentan un panorama tan enrevesado de posturas que ni estos cinco 'expertos' ni cualesquiera otros serían capaces de desbrozar hasta hallar una salida de consenso. Si eso fuera posible, Euskadi no se hubiera quedado atrás, en tanto que única comunidad autónoma que aún no ha procedido a mejorar o actualizar un texto estatutario que el próximo año cumplirá cuatro décadas de vigencia.

El grupo de juristas contará con ocho meses de margen para culminar su trabajo. Pero ellos mismos han preferido rebajar las expectativas, advirtiendo de que se les ha encomendado una tarea muy difícil. Bastaría con que los cinco acabaran clarificando el panorama, echando luz sobre la naturaleza constitucional de las discrepancias que, de seguro, persistirán en junio de 2019, elecciones forales y locales mediante.

La particular moratoria con la que EH Bildu parece haber aparcado su independentismo a favor del soberanismo para encontrarse con el PNV, recurriendo a la conversión de Euskal Herria en imperativo político, el Estado confederal, los derechos históricos y la libre decisión, permite suponer que no hay en Euskadi una opción rupturista que persiga emular la 'vía Puigdemont'. Pero la moderación experimentada en el extremo del abertzalismo en ningún caso confiere viabilidad al documento de bases suscrito por esos dos grupos; porque ni cuenta en el País vasco con una mayoría abrumadora capaz de ningunear a la 'Euskadi restante', ni podría despertar en el resto de España la comprensión necesaria para dejarla pasar. Mucho menos en las actuales circunstancias de fragmentación partidaria y volatilidad electoral.

Tanto el lehendakari Urkullu como, de manera más tenue, el presidente del EBB Andoni Ortuzar han expresado en distintas ocasiones su deseo de que la discusión en torno al futuro del autogobierno permita aproximar posturas hacia una formulación integradora y transversal sobre el 'nuevo estatus'. El problema es que el soberanismo y el federalismo no son conciliables; más allá de que se redacten ensayos creativos que ofrezcan apariencias de verosimilitud al empeño en un plano especulativo. El Estatuto de Gernika fue un texto de encuentro; es decir, de renuncias ideológicas y de concesiones al pragmatismo, para así asegurar la convivencia y adentrarse en la novación efectiva de las estructuras de poder. Pero es prácticamente imposible que el esfuerzo se reedite en la mejora del pacto estatutario con un mero trueque de términos. El hecho de que Euskadi continúe en 'punto muerto' a ese respecto obliga a reconocer la trascendencia de aquel acuerdo y sus virtudes, y a valorar con mayor aprecio político el autogobierno realmente existente. El hecho de que el Estatuto del 79 lleve demasiado tiempo siendo de todos y de nadie explica que resulte tan difícil su renovación a falta de otra alternativa.

Tampoco parece que Euskadi pueda salir de ese 'punto muerto' por la vía propuesta en el documento federalista que han suscrito 200 significados conciudadanos esta misma semana. La idea de que todo avance sustancial en términos de autogobierno requeriría previamente una reforma constitucional, que no podría sortearse mediante una reforma estatutaria, es inapelable. Pero del mismo modo que solo una propuesta de modificación federalista del Estatuto de Gernika podría encontrar un cauce de discusión en las Cortes Generales, sin que nadie asegure hasta qué punto se vería «cepillada» en la Comisión Constitucional del Congreso, la revisión previa de la Carta Magna plantea tal cúmulo de incertidumbres –sobre su inicio, su nudo y su desenlace– que en ningún caso aseguraría a Euskadi ni más autogobierno ni mayor sintonía interna.