El prólogo andaluz

Si el PP y Ciudadanos contaran con Vox para formar gobierno, se quebraría la pauta que ha funcionado en Francia con el aislamiento del Frente Nacional por los partidos democráticos

El prólogo andaluz
Jose Ibarrola
Antonio Elorza
ANTONIO ELORZA

La lectura inmediata de los resultados andaluces lleva a pensar que lo sucedido es un anuncio de lo que cabe esperar en las próximas elecciones -generales, locales, europeas- que verosimilmente tendrían lugar a partir del próximo mes de mayo. Fracaso, derrota socialista, y también de Podemos, tendrían como contrapartida un reflujo del PP, compensado de sobra por el espectacular avance de Ciudadanos y por la aparición no menos espectacular de Vox. En suma, la derecha se impondría a la izquierda, dándole la vuelta al panorama político creado por la subida al poder de Pedro Sánchez.

Las cosas pueden no resultar tan fáciles. Ante todo, porque el grave retroceso del PSOE andaluz le sigue manteniendo como primer partido de la comunidad, y con una notable ventaja sobre el segundo, un PP también en descenso. Como consecuencia, la rápida proclamación como vencedores de populares y Ciudadanos no deja de ser un acto poco ajustado al uso democrático de respetar la prioridad del más votado para el intento de formar Gobierno, y tanto más cuanto que las posibilidades de lograrlo tropieza con las intenciones enfrentadas de presidir el Ejecutivo andaluz por parte de ambos. Y con el problema Vox.

Tanto Casado como Rivera declaran que sus aspiraciones inmediatas en Andalucía se asientan sobre el supuesto de que contarán de una u otra forma con Vox para obtener la presidencia de la Junta. Casado dibuja ya su alianza, a favor de las conversaciones ya en curso, mirando a una coalición PP-Cs con él al frente, y Marín defiende malamente su pretensión y sobre todo, en un revelador ejercicio de cinismo político, dice no conocer a Vox, listo para aceptar el maná de sus votos. El partido cantor de 'los novios de la muerte' actuaría generoso de buen samaritano, sin contrapartidas. Cosa nada creíble. Así, no solo Vox entraría en las instituciones democráticas por la puerta grande -el fomento de la tauromaquia es uno de sus objetivos-, sino que se vería legitimado como componente de pleno derecho de las mismas, lo cual es mucho más grave. Significaría quebrar la pauta que ha funcionado en Francia, con el aislamiento del Frente Nacional de Marine Le Pen por los partidos democráticos. Sin olvidar que en el baremo de ajuste a la constitucionalidad, la inferioridad de nuestros recién llegados es clara, por mucho que citen el texto de 1978.

Vox no es un partido fascista. En esta imprecisión, como en otras -el 'referéndum pactado', el 'derecho a decidir', el delenda est monarchia-, da la sensación de que el vértice de Podemos estudió Ciencias Políticas más buscando el cursus honorum de las calificaciones que el rigor en los conceptos y las teorías constitucionales. Ni en la definición más próxima del fascismo, la de Togliatti como «régimen reaccionario de masas», hay encaje con Vox, por ausencia del segundo componente. Servirse entonces del dicterio es pura demagogia, y coartada para volver a la violencia del «fascismo rojo», seña de identidad en su antecedente Contrapoder.

Eso no impide que Vox sea un partido estrictamente reaccionario, autoproclamado de «extrema derecha», cuyas propuestas y cuyo espíritu son puro neofranquismo, siendo por ello incompatibles con el orden constitucional. Basta pensar en su pretensión de suprimir de inmediato la Ley de Memoria Histórica, la exaltación del Ejército y el guiño abierto a «una España grande». El integrismo preside sus iniciativas sobre la violencia «intrafamiliar», no de género; sobre el derecho a la vida y sobre la enseñanza. Para culminar en la exigencia de acabar con el Estado de las autonomías, con el Senado, con todo lo que se oponga a una concepción unitaria, y por ello, preconstitucional de España. Se trata de hacer retroceder el reloj de la historia.

El dilema de la alianza PP-C's-Vox tiene resultados negativos. Una subordinación gratuita en Andalucía sería el principio del fin de Vox, surgido del PP, y cualquier clase de pacto, aun encubierto, implicaría la aceptación por los constitucionalistas de una contaminación inevitable. Por algo Manuel Valls ha saltado rápidamente no deseando cerrar su carrera de fracasos políticos asociado a la extrema derecha. Haría mejor en renunciar, ya que Rivera y Marín parecen lanzados a olvidar la moral exigible a una derecha democrática. El ansia de poder en Ciudadanos está así provocando que su proyecto centrista, clave de su empuje inicial, desde el cual llegó incluso a pactar con el PSOE, sea desvirtuado por la deriva radical, comprobable desde el éxito en las elecciones del 21-D. Una cosa es constitucionalismo y otra invocar el 155 ya. Pensará que va comiéndole el terreno al PP, pero éste sigue en Andalucía por delante, y pocas razones hay ya para reclamar la primacía que aún los votos le niegan. Con la toma de posición de su candidato -nunca más con el PSOE- y el acercamiento a Vox, se disipa el sueño de presidir la Junta con abstención socialista. Y su imagen de oponerse a Torra desde el justo medio en Cataluña.

En la frustración de las expectativas de Susana Díaz han contado distintos factores. Amén de la política de Sánchez en Cataluña, los ERE y el desgaste de una gestión oscura, intervino la visible frialdad del líder ante un triunfo de Susana. Balance: fracaso. Solo que la extrapolación de los resultados andaluces a las generales tropieza con el desgaste de imagen que para PP y C's representaría formar gobierno con el apoyo disimulado de Vox. Esto permitiría a Sánchez enarbolar con toda razón la enseña constitucional, como única salida frente al verdadero retroceso, no solo en la política catalana, de una extrema derecha unida. Más aún si Iglesias sigue en su cruzada contra el Rey y el «fascismo». Aun perdiéndolo, el debate sobre el presupuesto puede servir para desautorizar a los adversarios y recuperar apoyos. Siempre que Torra no rompa la baraja.