De prisión, ni hablar

A diferencia de otros casos, el Gobierno de Urkullu evita pedir penas de prisión y/o de inhabilitación para los jeltzales que cobraron por trabajos que nunca hicieron

De prisión, ni hablar
Rafa Gutiérrez
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Ni lo escuchado en los nueve meses de vista oral ni las contundentes conclusiones expuestas por la Fiscalía en las sesiones del lunes y el martes han hecho variar de postura al Gobierno Urkullu sobre el 'caso De Miguel', la mayor trama corrupta jamás investigada en el País Vasco, y por la que se sientan en el banquillo de los acusados una veintena de exburukides, excargos y militantes del PNV.

Cuando las partes personadas en el sumario hubieron de presentar sus correspondientes escritos, allá por mayo de 2016, el de los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo causó sorpresa. Los abogados de la Administración vasca entendían que la trama del ex 'número dos' del partido en Álava y diputado foral del territorio, Alfredo 'Txitxo' De Miguel, sí que se había embolsado decenas de miles de euros del Departamento de Cultura de uno de los gobiernos de Ibarretxe por trabajos que no aparecían por ninguna parte. Pese a ello sólo reclamaba a los encausados la devolución del dinero. Ni penas de cárcel ni de inhabilitación por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

El 'cuidado' escrito no se quedaba ahí. Los abogados de Lakua solicitaban expresamente que se eximiera de responsabilidad penal a las esposas de los tres principales encausados, De Miguel, Tellería y Ochandiano.

Durante todo el largo proceso penal, el representante de la Administración autónoma ha pasado prácticamente desapercibido. Ayer, Javier Otaola declaró sentirse tristísimo por ser la primera ocasión en sus 30 años de carrera en que se veía obligado a acusar a un exdirector del Gobierno autónomo. En concreto al ex de Juventud durante los ejecutivos de Ibarretxe, el jeltzale Xabier Sánchez Robles.

Sobre el fondo del asunto, el letrado concluyó que el juicio ha dejado suficientemente acreditada la comisión de un delito de malversación de caudales. En concreto, que Sánchez Robles abonó más de 146.000 euros a varios de los implicados, todos con carné del PNV, por trabajos que se cree nunca se realizaron.

Por ello solicitó que seis de ellos devuelvan conjuntamente el dinero. Pero, a diferencia de la Fiscalía, que sí reclama su ingreso en prisión, Otaola evitó pedir cárcel o inhabilitación para todos ellos, pese a que la malversación puede conllevar de 2 a 6 años de reclusión y de 6 a 10 de inhabilitación.

Además, el letrado exculpó por completo a las esposas de De Miguel, Tellería y Ochandiano. También al superior jerárquico de Sánchez Robles, el entonces viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que no se enteró de lo que ocurría en su casa política.

Desde medios gubernamentales se ha intentado trasladar en privado que es usual que la abogacía de la Administración vasca se comporte con esta benevolencia. No es del todo cierto. Por ejemplo, en otro juicio por malversación contra un exdelegado de Vivienda en Bizkaia, los abogados del Ejecutivo vasco ejercieron como acusación particular y pidieron cárcel. El procesado pertenecía a un departamento que entonces controlaba Ezker Batua, no el PNV.

Desde que se destapó el escándalo hasta ahora, los peneuvistas han pasado de actuar con la máxima contundencia contra los procesados a preocuparse de que no les falte un buen trabajo, oponerse a las conclusiones de la investigación parlamentaria del caso y, sobre todo, cargar contra la Fiscalía por investigar muy despacio o por pedir penas demasiado altas. Hasta solicitaron garantías de que los acusados iban a tener un juicio justo, como si estuviera en duda.

Queda por ver cuál será la reacción de Sabin Etxea si el fallo es contrario a los acusados, cuyo común denominador no es otro que su militancia en el PNV.