Presupuestos a cuenta

El Consejo de Ministros de ayer aprobó el proyecto de Presupuestos para 2019 y anunció sus líneas generales, dejando para el lunes su presentación en el Congreso y la exposición pormenorizada de sus distintas partidas. Las dudas que suscita su viabilidad política -en tanto que Pedro Sánchez no cuenta por ahora con una mayoría parlamentaria que asegure su tramitación final- ha relegado a un plano secundario la discusión sobre el contenido del acuerdo presupuestario suscrito inicialmente por el Gobierno con Podemos. Pero es imprescindible que tanto los grupos políticos como los agentes económicos y sociales afronten el debate sobre la hipótesis de que Pedro Sánchez y su Ejecutivo logren sacar adelante sus Cuentas. El Gobierno alza su Presupuesto sobre una leve corrección de sus previsiones en cuanto al crecimiento y la generación de empleo. Aunque no por ello renuncia a una visión optimista sobre la evolución de la economía, que podría volverse voluntarista a poco que se confirmen las advertencias que afectan al entorno global. La apuesta por un incremento sustancial de los ingresos -aumentando la recaudación a cuenta de las grandes compañías, las remuneraciones más altas, la imposición sobre el diésel y la mejora del consumo- para financiar un mayor gasto social y el compromiso inversor se basaría, finalmente, en un salvavidas que no se contempla en la literalidad del proyecto. Es el recurso con el que contaría el Gobierno para volver, a mitad de ejercicio, del límite de déficit del 1,3% heredado de Rajoy al 1,8% como hecho consumado. Situación que, de darse, Bruselas no podría penalizar más que verbalmente, y que está presente en el diálogo que el Gobierno mantiene con Podemos. Pero que afectaría al crédito sobre la deuda pública española en los mercados, e incidiría en el retraimiento de las expectativas de crecimiento. Es probable que el lunes los focos de atención se dirijan a alumbrar las partidas dirigidas a cumplir con lo previsto en el Estatut catalán, con inversiones cuya proporción se aproxime al peso de la economía de aquella comunidad en el PIB nacional. Pero en tanto que la ministra Montero avanzó tal propósito como medio para asegurar la aprobación final de los Presupuestos -para convencer a quienes gobiernan la Generalitat-, ese mismo criterio podría ser vindicado por las autonomías más prósperas de régimen común, sin que el Gobierno tenga argumentos para negarles un monto presupuestario equiparable a su aportación a la economía general. Lo que, a su vez, pondría en entredicho las balanzas actuales de una financiación que parece lejos de poder reformarse como sistema.