Poco creíbles

Las infladas previsiones de ingresos en los Presupuestos del Estado para este año cuestionan los compromisos de déficit asumidos con la UE

La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda Romero, comparece en el Congreso de los Diputados para tratar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019./EP
La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda Romero, comparece en el Congreso de los Diputados para tratar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. / EP
EL CORREO

Los Presupuestos del Estado del presente año siguen rodeados de incertidumbre. No solo porque su aprobación –y, con ella, el futuro de la legislatura– esté a expensas del independentismo catalán, que decidirá al respecto mientras sus cabecillas son juzgados en el Tribunal Supremo por los graves delitos que pesan sobre ellos. También porque, al margen de que el proyecto concite o no una mayoría parlamentaria que aporte oxígeno político a Pedro Sánchez, las previsiones incluidas en él han suscitado serias dudas que cuestionan su credibilidad. Diversos organismos han coincidido en poner en cuestión, por inflado, el cálculo de los ingresos y, en consecuencia, el nivel de déficit comprometido. No es una cuestión baladí que el ascenso de la recaudación anunciado por el Gobierno para cuadrar a martillazos unas Cuentas con el mayor aumento del gasto público desde 2010 haya sido descalificado tanto por la Comisión Europea como por el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y varios institutos privados. Esas entidades solo difieren en si las estimaciones del Ejecutivo son «irreales» o sencillamente «imposibles».

El proyecto fía el alza de los ingresos a un ardid contable por el que los procedentes del IVA se evalúan como si el año tuviera trece meses, a la reforma del Impuesto de Sociedades –no aplicable en Euskadi– y a los nuevos tributos que gravan a las compañías tecnológicas y las transacciones financieras. El primer factor ha sido desechado sin ambages por torticero y porque no es computable a efectos de déficit, el esperado impacto del segundo en las arcas públicas es discutido y los 2.050 millones que la Administración aspira a obtener con el tercero son tachados sin contemplaciones de exageración. Máxime cuando esa era la cifra estimada para todo el año y esos tributos solo estarían en vigor unos meses en 2019. En consecuencia, las previsiones recaudatorias del Gobierno están engordadas entre 8.000 y 11.000 millones, según esos organismos, que en el mejor de los casos pronostican un déficit del 2%, frente al 1,3% comprometido con Bruselas. Es comprensible la voluntad del Ejecutivo de satisfacer a colectivos que apenas han sentido los efectos de la recuperación. Pero ese objetivo, cuyas razones de justicia social son tan poco discutibles como su trasfondo electoralista, no puede obviar los peligros que conlleva un severo desequilibrio de las cuentas públicas en un escenario de desaceleración global.