El peligro de no reformar la ley de 1978

El peligro de no reformar la ley de 1978
Braulio Gómez
BRAULIO GÓMEZ

La Constitución de 1978 es equiparable a la mayoría de las de nuestro entorno democrático gracias a la batalla que plantaron los partidos de la oposición al franquismo una vez que consiguieron representación en las Cortes. Unas Cortes que se convirtieron en constituyentes por su presión y por su negativa a aceptar una Carta Magna bastante menos equiparable por decreto. Pero la correlación de fuerzas desfavorable no libró a la Constitución de los clásicos legados de origen no democrático, como por ejemplo la restauración de una monarquía que debía su legitimidad a las leyes de sucesión franquistas. Es una rareza que la Constitución haya llegado a los 40 años sin ninguna reforma en profundidad, no solo para adecuarla al presente sino, sobre todo, para afrontar el futuro. Los consensos entre contrarios es el ideal al que debe aspirar cualquier nuevo pacto constitucional. Pero también hay que aspirar con la misma energía a que los procedimientos de esa reforma sean más democráticos y participativos que los de 1978. La sociedad ha cambiado y necesita nuevas protecciones.

La Constitución puede ser más feminista, visibilizando los trabajos relacionados con los cuidados como una responsabilidad del Estado y ajena a la contienda política. Actualizando su capacidad para defender los derechos sexuales y reproductivos y aspirando a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia machista. La Carta Magna también está en deuda con el cuidado del medio ambiente. La amenaza del cambio climático no sobrevolaba en 1978, y el agotamiento de los recursos naturales no entraba en la agenda de nuestros constituyentes, que dibujaban un marco legal en el que los recursos eran inagotables. Los ciudadanos no estuvieron en la elaboración de la Constitución de 1978 y tampoco se les reservó un papel privilegiado en el funcionamiento institucional de una democracia en crisis. La visión de la representación era completamente partidocéntrica y la reputación y credibilidad de los partidos también se ha agotado. Habría que institucionalizar nuevas fórmulas que pongan al ciudadano en el centro.

El pacto social ha saltado también por los aires. Los cambios económicos y sociales han incrementado la indefensión de un mayor número de ciudadanos incapaces de asegurarse los recursos necesarios para desarrollar una vida digna. Se trataría de discutir la constitucionalización de una renta universal, al mismo tiempo que ampliar los derechos de última generación como la vivienda, el mayor problema de los jóvenes. o la vejez y la garantía de disfrutar de unos ingresos mínimos los últimos años de tu vida.

También se tiene que desplegar una respuesta democrática a la realidad plurinacional del Estado. Han pasado los suficientes años para saber que la Constitución se ha convertido en un problema para poder dar una respuesta política a los conflictos territoriales. El consenso debería alcanzar la posibilidad de celebrar referéndums para poder conocer el grado de apoyo que tiene cualquier demanda de secesión que se plantee.

Puede parecer una quimera alcanzar un consenso sobre todos los puntos expuestos en este artículo. El contexto político de 1978 era mucho peor que el actual. Ahora debería resultar más sencillo sellar un nuevo pacto social, económico y político en el que podamos reconocernos. Pero seguimos retrasándolo por el contexto político desfavorable como si no fuera un peligro seguir viviendo como si el pacto del 78 no estuviera roto.

 

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