Pacto de Ajuria Enea: Un acuerdo que mereció la pena

En relación con la violencia estableció tres principios básicos: rechazo contundente de la violencia como medio para la consecución de fines políticos; que los problemas de normalización política no justificaban, ni debían, ni podían resolverse por medio de la violencia; y que la violencia no podía ser utilizada para frenar la voluntad de autogobierno.

Pero el acuerdo fue más allá de lo que se ha querido, por algunos, vender únicamente como un acuerdo anti-ETA. Además de legitimar el Estatuto como el instrumento que en un momento se dotó la sociedad vasca para acceder al autogobierno y regular su convivencia, exigía su pleno desarrollo, planteaba una interpretación dinámica del autogobierno, residenciaba en la sociedad vasca su desarrollo y hacía reserva expresa de los derechos que al Pueblo Vasco (adicional primera) le corresponden y cuya actualización reside en la voluntad de su ciudadanía.

Por lo tanto, el acuerdo, que quizás en un principio se pensó como un posicionamiento ante ETA y su entorno, pasó a desarrollar una serie de principios para la normalización política del país y una serie de postulados éticos frente a la violencia, viniese de donde viniese; e incluso planteó su posible final dialogado, cuya aplicación podría solucionar alguno de los problemas actuales.

Ahora, a los 30 años de su firma, la cuestión es cuál ha sido su aportación en el devenir de la sociedad vasca. Significó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo, condujo a una posición compartida superando las diferencias existentes entre partidos nacionalistas y no nacionalistas, enfrentados en el diagnóstico y forma de actuación, que conllevó la derrota política de ETA. Al tiempo, aportó una serie de principios que han influido en la posición de la sociedad vasca frente a la violencia, evidenciados en un rechazo progresivo de la misma, y determinó la evolución de la posición de la izquierda abertzale, consciente de que la soledad política no era soportable.

Analizada su función en el ámbito de la pacificación, es preciso señalar que el aspecto relacionado con la normalización no se ha desarrollado según lo acordado, si la entendemos como la consecución de un acuerdo político ampliamente aceptado por las fuerzas políticas y la ciudadanía vascas e incorporado al marco legal. Desde esta perspectiva, el constitucionalismo no ha estado suficientemente comprometido con los principios suscritos. Resta, por tanto, su cumplimiento, que sería deseable se materializase en las anunciadas negociaciones Euskadi-Estado y en la ponencia parlamentaria en curso.

Como conclusión, el acuerdo fijaba unas pautas de comportamiento: rechazo radical de la violencia y su deslegitimación como argumento político; señalaba la legitimidad de todas las ideas expresadas democráticamente y reivindicaba la aceptación de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca para la definición de su estatus político. Pautas intachables desde cualquier perspectiva ética y democrática. Pautas que deberían presidir toda acción política. No fue sencillo, pero mereció la pena.