Los nervios de trece jeltzales

La Fiscalía rebaja sus peticiones de pena, pero reclamará hasta el final que la mitad de los encausados ingrese en prisión

El juez Jaime Tapia a las puertas del Palacio de Justicia de Álava, para el juicio del 'caso de Miguel'. /El Correo
El juez Jaime Tapia a las puertas del Palacio de Justicia de Álava, para el juicio del 'caso de Miguel'. / El Correo
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Por los pasillos del Palacio de Justicia de Vitoria suelen oirse de tarde en tarde dos pequeñas-grandes 'maldades'. Ambas de autor desconocido y que nadie había querido rubricar en público... hasta hace nada.

Y es que el presidente de la Sala que juzga a veintiséis personas por su presunta implicación en el denominado 'caso De Miguel', el mayor escándalo de corrupción que jamás se haya investigado en el País Vasco, el magistrado Jaime Tapia, hacía suya la primera de esas 'maldades' en puertas del arranque de la vista oral, allá por el mes de enero. ¿Que cuál es? Que los fiscales suelen engordar de entrada sus escritos de acusación, y que luego tienden a suavizarlos con el transcurrir del juicio. El aserto levantó una tremenda polvareda en la casa.

La segunda 'maldad' apunta a que los políticos que son juzgados en la Audiencia alavesa no suelen salir demasiado malparados, sobre todo en relación a las acusaciones del Ministerio Público. Muchos de quienes así piensan y lo han dicho, en privado, claro está, son relevantes cargos y excargos políticos y/o sindicales, y siempre lo han afirmado respecto de adversarios.

No sére yo quien suscriba ni niegue estas sensaciones. Y ello por más que algunos datos, bien recientes, podrían invitar a confirmar ambos asertos. Lo mejor es que sean ustedes quienes echen mano de la mejor de las 'wikipedias', la memoria humana, y extraigan sus conclusiones.

Tras diez meses de vista oral y terminadas las declaraciones de todos los encausados -en su práctica totalidad exburukides, excargos, ex y militantes peneuvistas- ayer tocaba que la oficina de Iosu Izaguirre y su adjunto Manuel Pedreira hicieran público el escrito con sus conclusiones definitivas de la Fiscalía.

Pues bien, trece de las veintiséis personas que se vienen sentando en el banquillo, peneuvistas todas ellas, tienen más argumentos que hace unas horas para sentirse intranquilas. Es el número de encausados que la Fiscalía pretende que ingresen en prisión.

Ayer eran muy pocos en palacio los que apostaban por un número final tan elevado de condenas que impliquen ingreso en la cárcel. Por la casuística de la que hablábamos y por otros argumentos.

La rumorología apunta a que los acusados que finalmente ingresarán en la cárcel no pasarán de siete o nueve. No son pocos los que dudan especialmente de que las esposas de De Miguel, Tellería y Otxandiano, los presuntos jefes de la trama, terminen entre rejas, como reclama el Ministerio Público, aunque sea por poco tiempo.

El juicio a la trama De Miguel, uno de los grandes dolores de cabeza del PNV en los últimos tiempos por más que el partido como tal no esté acusado de financiación ilegal -como sucede con el escándalo de los EREs y el PSOE en Andalucía-, enfila definitivamente su recta final.

Con un horizonte próximo cuajado de citas electorales -las primeras, europeas, municipales y forales en mayo, eso si Pedro Sánchez no termina adelantando las generales a comienzos de año, como parecería aconsejable- seguro que en Sabin Etxea cruzan a estas horas los dedos con más fuerza que nunca. Para que la tremenda imagen de unos exburukides o excargos penevistas entrando en la cárcel, como Rodrigo Rato, no se de. Y para que si hay condenas que implican ingresos en prisión, el fallo se haga público distanciado de las urnas. Por ejemplo en verano de 2019.