No es el momento

La regulación de la investidura resulta ajena al fiasco que ha conducido al 10-N y su reforma solo debería abordarse desde el máximo consenso

No es el momento
EL CORREO

Pedro Sánchez y sus más próximos han apuntado la necesidad de reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula la investidura del presidente del Gobierno, para evitar otro colapso institucional como el que ha forzado la repetición de las elecciones generales. Con ello se eximen -y eximen a los otros partidos- de asumir culpas por una acción deliberada o por incapacidad en el diálogo político. El artículo 99 no es inmutable. Pero apelar a su modificación cuando los grupos parlamentarios están imputando a quienes podían haber sido sus aliados la responsabilidad del fiasco contamina de oportunismo y precipitación algo que requeriría una reflexión más serena. Porque lo que Sánchez y Carmen Calvo han propuesto o sugerido no solo es una cortina de humo sobre un proceso que ellos sabían condenado al 10-N, sino que improvisa una revisión del sistema por el que optaron los constituyentes. Todo para pasar de un modelo basado en la proporcionalidad corregida a una solución presidencialista y mayoritaria.

Resulta inadmisible el argumento de que la frustrada investidura se debe al artículo 99, pasando por alto la indolencia partidaria; en primer lugar, la mostrada por el aspirante socialista. La idea de trasladar la fórmula empleada en la elección de alcaldes a la presidencia del país y, por ende, de las comunidades autónomas olvida la diferencia ontológica que existe entre las competencias constitucionales de un Gobierno con iniciativa legislativa, presupuestaria y representatividad internacional, y las de una Corporación local. Tampoco es casual que sean excepción las alcaldías logradas por encabezar la lista más votada sin un acuerdo previo con otros grupos para gobernar la localidad. Claro que el artículo 99 puede reformarse en la dirección esbozada por el PSOE. Pero el cambio sería de tal calibre que requeriría el máximo consenso en las Cortes y el voto favorable de la ciudadanía en referéndum. Es lógico que las dos formaciones del bipartidismo -PSOE y PP- coincidan hoy en su idoneidad. Pero al dejar de lado la fórmula racionalizadora vigente, el país daría también la espalda a su pluralidad al restar valor al voto dirigido a formaciones ajenas o subordinadas a una alternancia entre dos y limitar las respuestas que demanda la complejidad. No sería bueno que esta reforma se convirtiera en bandera electoral.