Menores que ya son nuestros

Resulta imprescindible cubrir las necesidades educativas y psicosociales de quienes han migrado en la etapa más crítica de sus vidas

Menores que ya son nuestros
EL CORREO

Los menores extranjeros no acompañados ('menas') que se encuentran en España tras migrar de sus respectivos lugares de origen y están bajo la supervisión de nuestras administraciones alcanzan los 10.100, según los datos que maneja el Gobierno. 10.100 niños y adolescentes que presentan necesidades muy diversas y que han llegado con una carga de vivencias también dispar, como distintos son los vínculos que mantienen con sus familias. El fuerte aumento de su afluencia en los últimos meses ha desbordado los servicios de acogida y atención. La reunión mantenida ayer por la ministra Carmen Montón con responsables autonómicos permitió acordar una distribución territorial voluntaria como reclaman desde hace meses Euskadi -que atiende a 713- y Andalucía, para lo que el Gobierno aportaría 40 millones como anticipo de crédito, a la espera de que se tramiten los Presupuestos de 2019. Ello, junto a la actualización del protocolo de acogida establecido en 2014, permitiría mejorar la situación mediante un abordaje solidario e integral del problema. Pero tales decisiones no parecen del todo suficientes ni por el grado de compromiso interterritorial alcanzado, ni por la ausencia de garantías de continuidad en el tiempo ni por la financiación disponible. Basta señalar que la Comunidad Valenciana ha cifrado en 150 euros al día los costes de atención de cada niño o adolescente migrante para advertir de la magnitud del esfuerzo público que requieren los 'menas'. Porque, junto a su acogida en cuanto a necesidades básicas y de protección, resulta imprescindible cubrir también desde el punto de vista educativo y de atención psicosocial las personales circunstancias de quienes han migrado en la etapa más crítica de sus vidas. La Junta de Andalucía propuso ayer que el Gobierno trate de concertar con Marruecos la devolución a sus hogares de los menores procedentes de ese país. Una propuesta que quedó sobre la mesa, sin duda, porque plantea dificultades añadidas cuando hay razones para suponer que han sido enviados por sus familia para corregir su propia fortuna. La primera obligación de las instituciones es tutelar los derechos de esos menores, según nuestros propios estándares democráticos. La entrega a sus respectivas familias sólo tendría sentido si contribuyera a preservar esos derechos.

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