Mediación imposible

En este contexto, no resulta extraño que la Generalitat y los partidos del bloque independentista dedicaran buena parte de sus mensajes en el día después a intentar rentabilizar aún más las imágenes de cargas policiales y votantes contusionados el 1-O. El president Puigdemont, en concreto, reclamó la creación de una comisión especial de investigación de los sucesos del domingo y pidió la salida inmediata de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil llegados a Cataluña para impedir la consulta. Curiosamente, o no tanto, sólo la de los refuerzos, no la de los agentes de estos cuerpos que trabajan habitualmente en la comunidad.

En el plano político, el president de la Generalitat hizo lo que se esperaba: un llamamiento a una mediación internacional entre Cataluña y el Estado para restablecer el clima de diálogo. Puigdemont dejó claro que no espera que la UE se moje directamente, pero sí que dé su plácet a que se produzca esa mediación.

¿Ello implica que se suspende sin fecha la proclamación de la independencia por parte del Parlament? No parece. El jefe del Govern eludió ser preciso en su respuesta. Se limitó a recordar que la Ley del Referéndum, que se halla suspendida por el Constitucional, sólo establece que cuando se cierre el escrutinio y existan unos resultados oficiales del referéndum deberán ser notificados a la Cámara catalana, que en cuarenta y ocho horas proclamará la independencia.

Puigdemont precisó que tal comunicación no se produciría ni ayer ni previsiblemente hoy, en que hay convocada una huelga general en Cataluña en protesta por la actuación policial del domingo. De llegar mañana, el Pleno del Parlament no se pronunciaría hasta el viernes 6 -aniversario de la proclamación por el president Companys del Estat Catalá dentro de la República Federal Española en 1934- o comienzos de la próxima semana.

Resulta del todo improbable que la Unión Europea se lance a proponer un mediador entre el Estado y Cataluña para encauzar el desafío independentista, como pide Puigdemont. Y menos aún que el presidente Rajoy lo acepte porque sería asumir que se les coloque de igual a igual.

El bloque secesionista debe, pues, decidir ahora si mete el freno de mano o si acelera hacia la secesión. Lo primero permitiría retomar alguna clase de diálogo, como le pidió ayer Sánchez a Rajoy. Lo segundo llevaría al independentismo, en particular a sus principales líderes, a afrontar en previsible soledad internacional las consecuencias legales de su decisión.

En círculos políticos catalanes se especulaba ayer con una especie de solución intermedia, aunque realmente no sea tal. Consistiría en que el Parlament proclamase la independencia y a partir de ahí se abriera un largo compás de espera de unos meses para dialogar con España.

Pero parece poco probable que el Estado vaya a quedarse parado ante un hecho de tanta gravedad como que una comunidad autónoma proclame su independencia. Y que lo haga con desprecio absoluto a las leyes, en base a un seudorreferéndum sin ninguna garantía y en el que, aún dando por buenas las cifras de la Generalitat, que ya es dar, solo han participado 2,2 millones de ciudadanos de un censo total de 5,34, lejos muy lejos del 50%.

En este punto el foco se traslada a Madrid, al palacio de La Moncloa. ¿Qué va a hacer Mariano Rajoy si el Parlament proclama como parece la independencia en los próximos días? Lo previsible es que ordene duras medidas legales contra los líderes secesionistas.

Si cuenta con el apoyo cerrado del PSOE y de Ciudadanos las cosas se quedarían ahí. Si surgen fisuras en el bloque constitucionalista, y es más que probable que aparezcan, no cabe descartar que se convoquen elecciones autonómicas en Cataluña y puede que en unos meses generales en España.

Si el PSOE reclama diálogo Rajoy-Puigdemont -no se sabe muy bien sobre qué visto el camino que ha tomado el nacionalismo catalán-, el partido de Albert Rivera es el máximo defensor de una llamada a las urnas en Cataluña. Está persuadido de que C’s concentraría un paquete significativo del voto antiindependentista, en detrimento del PP y de los socialistas.

¿Se dispararía el apoyo a los partidos independentistas? Cabe pensar que con el ‘procés’ hayan ganado votos. Probablemente tampoco demasiados como parece demostrar el hecho de que su bolsa electoral ronda, por arriba o por abajo, los dos millones de votos, tantos como los participantes en la seudoconsulta ilegal del 9-N de 2014 y en el referéndum ilegal de este 1-O.

La estabilidad del Gabinete Rajoy correrá en paralelo a los anteriores acontecimientos. Mientras no baje el suflé catalán será muy difícil que un PNV estrechamente marcado por la izquierda abertzale entre a negociar nuevos acuerdos de calado, como los Presupuestos. Por más que ayer el lehendakari Urkullu abogara por mantener las líneas abiertas con Madrid, siquiera para que se cumplan las contraprestaciones negociadas con el PP a cambio del respaldo jeltzale a las Cuentas del Estado para este año.

Si ello desemboca en un bloqueo en el Congreso, y los diputados del PDeCAT y ERC no abandonan el Parlamento tras la proclamación de la independencia -con lo que PP y C’s pasarían a tener ellos solos mayoría absoluta-, la legislatura continuaría, sí, pero bajo la permanente sombra de unas elecciones anticipadas.