Un juicio inevitable

Se atacó abiertamente el sistema institucional del Estado con leyes y decisiones parlamentarias que violentaban gravemente la Constitución y desobedecían al máximo tribunal

Un juicio inevitable
Jose Ibarrola
Ramón Jáuregui
RAMÓN JÁUREGUI

Todos los analistas del mundo coinciden en el éxito de la Transición y de la Constitución española de finales de los setenta. Las grandes cuestiones pendientes de la modernidad española fueron abordadas y resueltas con éxito por la Constitución; la libertad/democracia, la forma de Estado, la cuestión militar, la religiosa, la educativa, la agraria... También la vieja querella territorial se planteó con singularidad en un modelo federal con las peculiaridades semánticas e históricas del país. Muchos creímos que, en ese marco generoso y flexible, los nacionalismos históricos, especialmente el vasco y el catalán, tenían cabida y que, con pactos, en una dialéctica mesurada, podríamos asegurar estabilidad y paz interior.

No ha sido así. Si el jurista persa del famoso artículo de Cruz Villalón volviera a España en 2020, descubriría que la única previsión constitucional que no habría cumplido sus expectativas es el Título VIII. Dos fuertes corrientes polarizadas y extremas recorren hoy el debate autonómico y los sentimientos nacionales. De una parte, el nacionalismo catalán ha abrazado una vía abiertamente independentista (con el nacionalismo vasco agazapado a la espera de ver cómo acaba la aventura), y de otra, la aparición de Vox arrastra al Partido Popular y a Ciudadanos hacia posiciones más recentralizadoras que autonomistas. No podemos desconocer que una parte importante de la opinión pública española está reaccionando de manera visceral al desafío nacionalista catalán, sumándose así a muchas voces que vienen reclamando ciertas revisiones competenciales para hacer más iguales los derechos de los españoles en determinados servicios básicos.

Esta polarización hace imposible la vía negociadora y las soluciones pactistas al tema catalán. Cuando escribimos el llamado documento de Granada (PSOE), quisimos ofrecer una renovación del pacto estatutario y constitucional a Cataluña y a España. Un nuevo estatuto reformado al mismo tiempo que se abordaban los cambios constitucionales pendientes nos llevaría a un doble referéndum en Cataluña, al tiempo que se ratifica la nueva Constitución en el conjunto de España. La fórmula tenía una virtud añadida e imprescindible: obtener el sí a la Constitución en Cataluña, al votarla junto al nuevo Estatuto.

Pero debo reconocer que esta propuesta ha perdido verosimilitud, aunque el Gobierno Sánchez la esté reiterando. El nacionalismo catalán la rechaza por su radical apuesta independentista y la derecha política está pensando más en el 155 que en otra cosa. Mucho me temo que caminamos hacia un desencuentro fatal.

El juicio al 'procés' se inserta en el corazón de esta larga batalla. Es un juicio necesario e inevitable porque los delitos fueron graves. Se atacó abiertamente el sistema institucional del Estado con leyes y decisiones parlamentarias que violentaban gravemente la Constitución y desobedecían reiteradamente el máximo tribunal. Nadie sabe cuáles serán sus efectos. Sabemos, eso sí, que el nacionalismo catalán encenderá el sentimiento victimista y agrandará la leyenda negra antiespañola. Es, sin duda, una buena oportunidad la que les proporciona un juicio tan severo por algo que ellos consideran el ejercicio de un derecho. Sabemos también que nada ni nadie va a alterar la independencia judicial del Tribunal Supremo. Es más, me consta que la cúspide del Poder Judicial del Estado es consciente de las muchas miradas que le contemplan y están en la idea de demostrar al mundo entero que el Poder Judicial es independiente y que el Estado de Derecho funciona en España como en el más democrático de los países del mundo.

Olvidemos pues, afortunadamente, cualquier especulación sobre gestos del Gobierno en cualquier sentido. Ni siquiera la Fiscalía, cuya relación con la política penal del Ejecutivo está constitucionalmente prevista, ha hecho el menor caso a las opiniones de los expertos y de la Abogacía del Estado para eliminar la rebelión de la acusación.

Cabe suponer que el juicio va a poner a nuestro país y a nuestra democracia en el escaparate internacional. Cabe también suponer que el juicio será transparente y riguroso y que muy probablemente las penas serán importantes, aunque no tan graves como las peticiones de la Fiscalía. Estoy también bastante seguro de que en tiempos próximos se reformará la Ley Procesal Penal para eliminar la acusación particular partidaria de este tipo de procesos. La presencia de Vox en esta vista es perturbadora y no hace ninguna falta, no nos hace ningún bien, y es un aprovechamiento partidista que perturba la causa y resulta oportunista y sectario.

¿Qué pasará después? Supongo que en verano tendremos la sentencia y que en unos meses habrá elecciones generales. También en Cataluña. Lo resultados nos darán muchas indicaciones. Especialmente necesarias después de una legislatura tan agitada (investidura compleja, moción de censura, Gobierno en minoría, juicio al procés...) Habrá que ver entonces si, más allá del juicio, la política española ofrece alguna salida distinta a Cataluña y habrá que ver –también– si en Cataluña hay interlocutores y pacto interno como para reintentar el pacto necesario. Lo contrario ya lo conocen ustedes. Lo dijo en este periódico el señor Maroto (PP): «Lo primero que haremos si gobernamos es aplicar el 155. Y no será ni corto ni blandito».

 

Fotos

Vídeos