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El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos constituye un compromiso programático cuya viabilidad política y financiera está en entredicho

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EL CORREO

El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos formalizaron ayer un acuerdo sobre los Presupuestos de 2019, a la espera de que la coincidencia con los demás grupos que secundaron la moción de censura contra Rajoy -ERC, PNV y PDeCAT- permita aprobarlos, previo contraste con Bruselas. El pacto rubricado por el presidente y Pablo Iglesias eleva el gasto a cuenta de una mayor presión fiscal y representa un inequívoco viraje a la izquierda en la política económica. La subida del salario mínimo y de las pensiones o la nueva dotación en dependencia son medidas imposibles de rechazar por la mejora que supondrían para millones de personas. El problema estriba en su viabilidad financiera y en sus posibles efectos en la estabilidad presupuestaria pese al alza de algunos impuestos y la creación de otros. El Gobierno someterá las líneas básicas de las Cuentas consensuadas con Podemos a la consideración de la Comisión Europea, que determinará si están o no en línea con los compromisos de control del déficit asumidos por España. El gasto comprometido responde a dos impulsos. Por una parte, el que emana del proyecto político de Sánchez, obligado a demostrar que un giro social es posible dentro de los parámetros de la ortodoxia y empeñado en prolongar su mandato con o sin Presupuestos propios. Por otra, el que responde a señales de recuperación económica que despiertan, justamente, demandas de redistribución. El socialismo gobernante, el de Zapatero y ahora el de Sánchez, ha reivindicado el Estado del Bienestar mediante iniciativas equívocas en cuanto a sus fundamentos, que parecen repartir el remanente recaudatorio del momento generando la percepción de que consagran nuevos derechos sociales o amplían los preexistentes. El acuerdo no despeja el alcance temporal de los avances que promete en materia social, de forma que su futuro estará sujeto a la continuidad del entendimiento entre el PSOE y Podemos. Además, elude el incremento del déficit y de la deuda, y sortea las advertencias sobre lo que la ralentización de la economía pudiera suponer para las perspectivas de una mayoría de cambio. Todo mientras el independentismo catalán supedita su decisivo apoyo a la suerte que la Fiscalía del Estado depare a los procesados por el 1-O.

 

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