Involución centralista

La ministra Meritxell Batet./Ignacio Pérez
La ministra Meritxell Batet. / Ignacio Pérez
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

En el marco de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias la ministra Meritxel Batet hizo público el compromiso del Gobierno de presentar un calendario para la negociación de las competencias pendientes, entre las que se incluirá la de Prisiones y se excluirá, de momento, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Aunque después de 39 años desde la aprobación del Estatuto todo esto resulta políticamente escandaloso y jurídicamente inexplicable, el encuentro entre ambas delegaciones, tras siete años de vacío absoluto, ha supuesto un pequeño alivio para oxigenar la vía del diálogo.

Sin embargo, el PP se ha alzado con pronunciamientos desmedidos, irresponsables, populistas y demagógicos, afirmando Pablo Casado que no van a tolerar que se lleve a efecto la transferencia de «Prisiones a Euskadi». Mensaje que es compartido por Alfonso Alonso.

¿Qué significa «no lo vamos a tolerar»? Parece claro que vista la gravísima involución centralista que se ha impuesto en el PP, la expresión debe ser entendida como impedir o prohibir. ¿Cómo va a impedir en democracia el PP, en la oposición, que la competencia se transfiera a nuestras instituciones? El PP no puede esgrimir ninguna razón legal. Sencillamente, porque esta materia está expresamente contemplada en el Estatuto, como competencia exclusiva en el artículo 10.14 (Organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios, de reinserción social conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria), correspondiendo según el artículo 12.1 a la comunidad del País Vasco la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado.

Podría haber discrepancias sobre las condiciones materiales y económicas de la transferencia, como ha sucedido a menudo, pero nunca se podría cuestionar el título jurídico, pues éste es incontrovertido por notorio y claro. No estamos ante una materia extraestatutaria, sino plenamente estatutaria, como lo son la sanidad, la educación o el Concierto. Esto es indiscutible, pero lo es desde hace 39 años.

En 1996 el PP suscribió con el PNV un acuerdo sobre el desarrollo y cumplimiento del Estatuto a cambio del voto a favor en la investidura de Aznar. El pacto recogía que el traspaso se realizaría de acuerdo al informe elaborado por el Parlamento vasco el 20 de octubre de 1995, donde se contemplaba la lista de materias y se recogía la de Prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. Algo similar pactó el PSOE de Zapatero con los jeltzales en octubre de 2010, siendo lehendakari Patxi López.

La dificultad mayor a la que se enfrenta el autogobierno no es el de la desconfianza, que es obvio que existe. El gran problema es que para quienes regentan las instituciones centrales, especialmente para el PP, el Estado, desde hace años, se ha vaciado demasiado en cuanto instancia de poder, y no cabe más vaciado, aunque haya estatutos, como el vasco, incumplidos. Quien ha interiorizado esta tesis no se plantea el cumplimiento del Estatuto como una exigencia legal, sino como moneda de cambio. Si el día de mañana el PP o Ciudadanos, o ambos, precisaran en el Congreso de los votos de los diputados jeltzales no me cabe ninguna duda de que Casado y Rivera entenderían factible la transferencia de Prisiones y de más cosas. Pero si lo hicieran ellos dejaría de ser una «traición a España»; en cambio, si lo llevan a efecto los socialistas, sí. No son buenos tiempos para el autogobierno, tampoco para un Estado plurinacional. Federal o no. Pero no hay más vía que la de persistir, sin buscar atajos que no nos conducen a futuros mejores.