Inhabilitante

Lo ocurrido en Cataluña advierte del sinsentido que supondría actualizar el Estatuto con conceptos, pretensiones e interpretaciones que no tienen cabida en la Constitución

Inhabilitante
ELCORREO.COM

Euskadi fue la primera autonomía en tramitar su Estatuto para convertirse en comunidad política tras el restablecimiento de la democracia. Y es la única pendiente de reformar la ley orgánica que sostiene su autogobierno. El viernes culminaron los trabajos de la ponencia parlamentaria creada para establecer las bases de actualización de la autonomía, con un dictamen acordado entre PNV y EH Bildu en los aspectos más sensibles sobre identidad y soberanismo, una declaración de derechos sociales compartido con Elkarrekin Podemos, y votos particulares de esta última formación, del PSE y el anunciado del PP vasco. La comisión de expertos que en septiembre deberá recoger los resultados de la ponencia parlamentaria para proceder a la articulación de una propuesta de reforma se encontrará con una primera tarea: la de identificar aquellos planteamientos que contravengan el actual marco constitucional o exijan su reforma previa. En tal sentido, la idea de una consulta «habilitante» que permitiera refrendar un proyecto de cambio en las reglas de juego estatutarias y constitucionales -nuevo estatus- antes de emprender los trámites institucionales previstos para su eventual modificación se sitúa tan al margen de la legalidad que de nada sirve disculparla señalando que no sería «jurídicamente vinculante». No solo porque ha quedado demostrado que la colisión entre la legitimidad supuesta y la legalidad establecida conduce a un conflicto tal que desarbolaría el consenso necesario para impulsar la actualización del autogobierno. También porque la celebración de esa hipotética consulta acabaría contraviniendo las facultades que las previsiones legales de reforma estatutaria conceden a las Cortes Generales. No basta con afirmar voluntariosamente que no se pretende desbordar la legalidad cuando ésta quedaría superada si el Parlamento vasco se compromete a convocar esa «consulta habilitante». Y, en esa medida, quedaría inhabilitado de facto para el desarrollo de una reforma cuyo procedimiento sería impugnado inmediatamente, por manifiesta inconstitucionalidad. La actualización del Estatuto obliga a deslindar aquellas modificaciones propuestas que impliquen cambios constitucionales de las que se limiten a mejorar el contenido de la autonomía vasca. Lo ocurrido en Cataluña advierte del sinsentido que supondría introducir conceptos -como la distinción entre «ciudadanía» y «nacionalidad»-, pretender una relación «confederal» con el resto del Estado, o interpretar los derechos históricos como una fuente ilimitada de prerrogativas, cuando nada de eso tiene cabida en la Constitución.

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