La indignación de los pensionistas

- Editorial -

La creciente movilización por unas prestaciones «dignas» encuentra su principal foco en Euskadi

La protesta partió del Consistorio bilbaíno y terminó en Moyua. En la imagen, parte de la multitud en el puente del Ayuntamiento./Ignacio Pérez
La protesta partió del Consistorio bilbaíno y terminó en Moyua. En la imagen, parte de la multitud en el puente del Ayuntamiento. / Ignacio Pérez
ELCORREO

La movilización de miles de personas para exigir unas pensiones «dignas» refleja un clima de hartazgo social perfectamente comprensible. La ridícula subida de sus prestaciones -un 0,25% por quinto año consecutivo- ha desencadenado una oleada de protestas sin precedentes, que se ha extendido como la pólvora por todo el país en un pulso declarado al Gobierno de Rajoy. Los 35.000 jubilados que se lanzaron ayer a las calles de Bilbao, en la mayor manifestación de las 70 celebradas en toda España, y los miles que lo hicieron en Vitoria y San Sebastián son la viva imagen de una creciente indignación alimentada durante largo tiempo. Al lógico malestar por su pérdida de poder de compra -algo especialmente sensible en un colectivo con rentas tan bajas- se une la inevitable inquietud por el futuro del sistema público, cuyas cuentas ha zarandeado la crisis con singular saña. Aunque su alarmante déficit permite un escaso margen de maniobra, resulta difícil de explicar la drástica austeridad impuesta a los más de nueve millones de ciudadanos que viven (o, en algunos casos, malviven) de estas prestaciones desde la reforma que dejó de vincular su subida anual a la inflación. No deja de ser sorprendente el espectacular eco de las protestas en Euskadi, que cuenta con las pensiones más altas de España. Ese hecho prueba una espectacular capacidad de movilización en el sector y la profunda sensación de injusticia que ha anidado en él. Las manifestaciones, extendidas cada vez a más ciudades y con una creciente participación, ilustran las tensiones a las que se enfrenta el modelo. Y también los gobernantes -los de ahora y los que vengan-, atrapados entre la obligación de garantizar unas prestaciones públicas dignas y la inquietante realidad que dibujan los ‘números rojos’ del sistema y una curva demográfica de infarto. Los actuales pensionistas son las primeras víctimas de una situación inédita en un sistema basado en la solidaridad entre generaciones: las cotizaciones de los trabajadores hoy en activo son insuficientes para pagar las prestaciones de quienes en su día se hicieron acreedores a ese derecho. Una realidad que solo empeorará en el futuro y que exige a las instituciones situar este problema en un lugar destacado en su agenda de prioridades.

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