Independencia judicial

La intromisión de los intereses partidarios en el Poder Judicial y las maniobras dilatorias o de obstaculización en los casos de corrupción han sido una constante que volvía cínicas las promesas de regeneración democrática. Pero era difícil imaginar que los partidos con poder pudieran continuar perseverando en tan vergonzosa práctica. Hasta que ha quedado demostrado que, incluso cuando las expectativas de las distintas formaciones aparecen igualadas, las siglas tradicionales y con más influencia -PSOE y PP- exhiben su arrogancia para recordar que el poder del Estado sigue siendo suyo. El problema no está tanto en el procedimiento para designar a los integrantes del CGPJ como en el modo en que lo interpretan las fuerzas políticas. La respuesta de Pablo Casado al plantear que sean los jueces quienes elijan en exclusiva a su órgano de gobierno pareció la improvisada escapatoria respecto a un pasado que ha vuelto a aparecérsele de la mano de Cosidó, cuando este último o cualquier otro podrían informar a los suyos de que tal fórmula encierra un truco favorable. Las alabanzas de Pedro Sánchez a la actitud de Marchena reflejan la naturalidad con la que el socialismo gobernante cree poder moverse entre la descarada invasión del Poder Judicial y la reivindicación del legado de Montesquieu, sin que nadie se haga responsable de lo sucedido. La suspensión del acuerdo entre el Gobierno y el PP pareció ayer una pésima noticia. Pero en el fondo se trata de un mal menor que, incluso, podría contribuir a que Sánchez y Casado recapaciten y renuncien a la arrogancia como señal disuasoria o reclamo electoral.