Las 35 horas de la discordia

La sentencia del Supremo sobre los empleados públicos vascos suscita incertidumbre

Las 35 horas de la discordia
ELCORREO

El Supremo confirmó ayer la sentencia por la que el Tribunal Superior vasco anuló, en diciembre de 2016, el decreto del Gobierno de Iñigo Urkullu que establecía la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios y el personal laboral dependiente de la Administración autonómica. A la espera de conocer sus pormenores, el hecho de que la decisión judicial afecte a 70.000 empleados públicos da cuenta de su alcance. La Sala de lo Contencioso ha hecho suyo el argumento principal del Tribunal Superior: lo contemplado en la Ley de Presupuestos Generales para 2012, que fijó una jornada semanal de 37,5 horas para todo el sector público, prevalece sobre la disposición autonómica, fruto en este caso de un acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno vasco. La resolución -previsible, ya que existen varios antecedentes- nos devuelve a dos cuestiones que no acaban de clarificarse: la discusión sobre el título competencial que concede a Euskadi la potestad de organizar su función pública, y el debate sobre las causas y los efectos de la reducción de jornada en ese ámbito.

El celo puesto por el Ejecutivo central al recurrir las 35 horas responde al impulso de controlar el déficit de las administraciones mediante la centralización del marco horario. Con su fallo, el Supremo asume el argumento de que una ley general, como la de Presupuestos del Estado, se sitúa por encima de la lectura más favorable que una comunidad puede hacer de su Estatuto, cuando además se realiza vía decreto. El artículo 10 del Estatuto de Gernika concede a Euskadi la «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» y el «estatuto de los funcionarios del País Vasco». Solo el consenso político entre las dos administraciones podría asegurar que esas previsiones contemplen el establecimiento de la jornada horaria mediante la introducción de salvedades en cualquier ley de las Cortes que se refiera a tal cuestión. Queda por ver la respuesta del Gobierno vasco -cumplimiento, enfrentamiento directo o triquiñuelas como las utilizadas en Andalucía- a una sentencia que amenaza los empleos públicos eventuales creados para aplicar las 35 horas.

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