El hachazo

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa ofrecida esta tarde para presentar los Presupuestos del departamento para 2019./EFE/ J. J. GUILLÉN
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa ofrecida esta tarde para presentar los Presupuestos del departamento para 2019. / EFE/ J. J. GUILLÉN
Ignacio Marco-Gardoqui
IGNACIO MARCO-GARDOQUI

Para no perderse en la maraña de los Presupuestos Generales del Estado le propongo ir a lo fundamental en dos aspectos, en el complejo proceso parlamentario y en su aplicación práctica. Su aprobación necesita en primer lugar el apoyo de Podemos, con sus extremas e incalculables reclamaciones. En el fondo son consecuentes. Si cosas como el salario mínimo, las pensiones o las ayudas sociales dependen tan solo de la voluntad del gobernante de turno y carecen de consecuencias prácticas, ¿por qué no ser más generoso? Visto así, un salario mínimo de 1.000 euros o un aumento de las pensiones del 1,6% parecen objetivos muy modestos, casi pacatos. Pero votarán a favor, porque es lo más que pueden conseguir y las alternativas son peores para ellos.

El PNV, que no quiere elecciones de ninguna de las maneras, votará a favor para prolongar una legislatura en la que espera obtener la transferencia de muchas de las competencias pendientes y algún que otro pellizco inversor. Lo que nos conduce a los partidos independentistas catalanes, que se debaten en la duda entre el pájaro en mano -con su dote de dinero y sus vagas promesas de votaciones e indultos- y el ciento volando de sus imposibles ansias inmediatas de autodeterminación. Mucha tela y desenlace imprevisible.

Si todos estos partidos se decantan por el sí, los Presupuestos se aprobarán, pero resucitarán los recelos regionales y avivarán las reclamaciones del resto de las autonomías. Recuerde que, en este país, el que no tiene una deuda histórica que cobrar es porque acaba de llegar a Magaluf procedente de Gatwick y, de momento, solo pretende beber cerveza por unidades de metros cúbicos. A todos los demás, el Estado o la sociedad, o los dos a la vez, nos deben algo.

Una vez aprobados, llegaríamos a su aplicación práctica. Yo, que soy un pusilánime, no me atrevo a criticar el tsunami de incrementos de gastos con una lista tan larga que agotaría este espacio. ¿Cuál es entonces el problema? Pues que para cuadrar las cifras de la fiesta que nos ofrece Pedro Sánchez es necesario aumentar los ingresos en unos 20.000 millones de euros, a los que habría que añadir el incremento de las cotizaciones sociales y el costo para los empresarios de la subida del salario mínimo. Es decir, en total será una cifra enorme -quizás más de 30.000 millones de euros-, que se detraen del sistema vía las personas y las empresas. Entonces aparece la gran pregunta: ¿Qué efecto va a producir sobre la economía española la absorción de este volumen de dinero del sistema productivo y familiar? ¿Será inocuo? Hay que ser muy iluso para pensar que tal movimiento no afectará a las decisiones de los afectados.

¿Nadie va a modificar sus hábitos de consumo, nadie se va replantear sus inversiones, nadie repensará sus contrataciones? Si es así, todo perfecto, habrá dinero para la fiesta y lo pagarán los ricos y las grandes empresas. Todo en orden. Pero la ministra de Hacienda nos muestra lo mal que se entiende este tema en el Gobierno.

En una entrevista reciente decía que la subida de impuestos prevista para las empresas solo afectará al 0,7% del colectivo. Pero eso sería tranquilizador solo si fueran iguales el impacto económico de El Corte Inglés y la panadería de la esquina; Repsol o la gasolinera independiente de mi pueblo. ¿Se puede incluir a todas en el mismo cálculo y en pie de igualdad?

Por eso, estos Presupuestos serán un éxito o una ruina en función de cómo digiera la economía privada española el hachazo que le viene encima.