del golpe a la impunidad

Un año después de arrasar la legalidad, los 'indepes' catalanes no lo celebran pero pretenden que el atropello salga gratis

del golpe a la impunidad
ALBERTO AYALA

Ha pasado ya nada menos que un año desde aquellos 6 y 7 de septiembre en los que el independentismo catalán rompía con la legalidad y la democracia -la 'desbordaba', según la terminología secesionista al uso- para aprobar las denominadas leyes del referéndum y de desconexión con España, como paso previo a la proclamación de la República.

Ni los avisos de los letrados del Parlament, ni los del Consejo de Garantías Estatutarias (una suerte de Constitucional catalán), ni los de los partidos de la oposición, ni el inolvidable discurso del parlamentario de la izquierda alternativa Joan Coscubiela clamando contra el pisoteo de los derechos políticos de los representantes de la mayoría de los catalanes, sirvieron de nada.

Luego vendrían la fallida mediación del lehendakari Urkullu para impedir el choque de trenes, que no dio ningún resultado porque el president Puigdemont se arrugó ante los más radicales de los suyos y la presión de la calle. Una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) casi a media voz, como de quita y pon. La intervención de la autonomía catalana por parte del Estado. Y la huida y/o el encarcelamiento de los líderes del fallido 'procés', todavía pendientes de un juicio que difícilmente se celebrará antes de final de año.

El secesionismo catalán pasó ayer prácticamente de puntillas sobre la efeméride. Como si se avergonzara de aquellas tristes horas para nuestra democracia y para la convivencia entre los catalanes. Como si fuera lo que fue, una infamia que jamás debió de producirse.

Pero vergüenza, incluso bochorno, no son sinónimo de arrepentimiento. No para el expresident Puigdemont -huido para sustraerse a la acción de la Justicia sin comunicárselo siquiera a sus compañeros de gabinete-, ni para su valido Quim Torra y demás compañeros de aventura que demuestran que siguen sin asumir las reglas de la democracia. Todos ellos exigen que aquellas vulneraciones de la ley les salgan gratis a quienes las cometieron y amenazan con bravatas como sacar a los procesados de la cárcel por la fuerza si son condenados.

Todo un lamentable ejemplo de la República que insisten en implementar. Un régimen político en el que ellos y los suyos, la minoría, hace diariamente de su capa un sayo, con desprecio absoluto de quienes opinan diferente, por más que estos fueran mayoría en votos en las últimas elecciones, que no en escaños.

Y entretanto el Parlament, el órgano que representa la voluntad popular de los catalanes, cerrado a cal y canto por los 'indepes'. De momento hasta octubre.

¿La razón? Que no se visualice que los secesionistas están claramente divididos. Y, claro, que ayer no se pudiera recordar la infamia de hace un año. Que nadie pudiera repetir en sede parlamentaria aquellas verdades como puños que hace un año salían de labios de un Coscubiela hoy apartado de la vida pública.

«Estoy dispuesto a partirme la cara para que ustedes voten sobre la independencia de Cataluña», lanzó. «Pero me niego a que mi dijo David viva en un país donde la mayoría niega los derechos a los que no piensan como ellos», cerró con el aplauso de toda la oposición.

Doce meses después el Govern catalán trabaja para el 47% de los votantes, los 'indepes'. El resto no existe. O peor aún, son una molestia.

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