Euskadi y la Seguridad Social

El clima de polarización que padece la vida política española explica –pero no justifica– los despropósitos que se han vertido sobre ese acuerdo. Algunos han calificado como un paso decisivo «para el desmantelamiento de la nación» el hecho de que a mediados de 2021, según el calendario pactado, ambos gobiernos vayan a iniciar el estudio de la complejísima transferencia sobre la Seguridad Social. A estos cabe responder que la transferencia no supone desmantelamiento alguno del Estado, sino el cumplimiento de lo establecido en una ley orgánica. Otros pretenden transmitir la idea de que, mientras esa transferencia no se produzca, «el Estatuto está incumplido». A ellos cabe replicar, por un lado, que, aun sin ella, el País Vasco goza ya de un nivel competencial sin parangón en el marco del Derecho constitucional comparado; y, por otro, que si durante cuatro décadas la competencia no se ha transferido ha sido porque el Gobierno vasco no aceptaba los límites inherentes a la misma: el mantenimiento de la 'caja única'.

En la medida en que el Gobierno vasco ha aceptado que la transferencia en modo alguno implica la creación de una Seguridad Social vasca –por lo demás, inviable económicamente– y que el alcance de la misma se reduce a los aspectos administrativos de la gestión económica, se han sentado las bases para una negociación al respecto. Ahora bien, resuelto el escollo político, queda un largo camino por recorrer. La dificultad de transferir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social estriba en el hecho de que la cesión no puede afectar ni directa ni indirectamente a la 'caja única', indispensable para garantizar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad. Desde esta óptica, será necesario delimitar con la máxima precisión el alcance y los límites de la competencia que se transfiera. El cuerpo de letrados de la Seguridad Social lo explicó muy bien en un documento reciente. Debe quedar claro que bajo ningún concepto el Ejecutivo vasco podrá quebrantar el principio de igualdad, bien sea mediante la alteración de los requisitos para la obtención de las prestaciones o mediante el aumento de sus cuantías. En la medida en que el Gobierno vasco y sus agentes se limitarán a aplicar las normas estatales puede parecer que ese riesgo está conjurado. Pero la igualdad exige que los criterios estatales sean interpretados y aplicados de la misma forma en todo el territorio nacional. La transferencia de los medios materiales y humanos para gestionar la Seguridad Social deberá garantizar esa uniformidad en la aplicación (reconocimientos de prestaciones, altas, bajas, inspecciones...) de las normas estatales.

Dejando a un lado la extrema complejidad jurídico-técnica que conlleva, desde un punto de vista político la transferencia tendrá dos efectos claros. El primero positivo y el segundo no tanto. Es positivo que el Estatuto quede finalmente completado porque se trata de la «norma institucional básica» de la comunidad, que trae causa directa de la Constitución de 1978. Sin Constitución no habría Estatuto y el apoyo a este fortalece la legitimidad de aquella en el País Vasco. Los nacionalistas ya no podrán enarbolar la falsa bandera del «incumplimiento estatutario». Ahora bien, el segundo efecto será la reducción de la presencia del Estado en el País Vasco. Desde un punto de vista simbólico –aunque no refleje la realidad– las prestaciones de la Seguridad Social vendrán con el logo del Gobierno vasco, como si fuera este quien las sufragara y no la solidaridad de todos los españoles. Y desde un punto de vista práctico, decenas de funcionarios estatales serán reemplazados por funcionarios vascos. Una vuelta de tuerca más en la fragmentación de la función p ública.