Embargo al mal

La Justicia reclama indemnizaciones a quienes aún se niegan a compensar moralmente a sus víctimas con la asunción del daño injusto causado

Embargo al mal
EL CORREO

Los condenados por actividades terroristas están obligados a hacer frente a las responsabilidades civiles contraídas por los daños causados que se fijen en las respectivas sentencias. Quienes consideran injusto su encarcelamiento y tratan de legitimar sus atentados soslayan las indemnizaciones requeridas por los tribunales para compensar materialmente a las víctimas directas y a las entidades perjudicadas. La Audiencia Nacional ha procedido al embargo de bienes de activistas de ETA y de la 'kale borroka' para satisfacer lo resuelto en sus propias sentencias. Una imputación dineraria que no cuenta con alternativas a la baja ni de cara a la reinserción. La iniciativa parece tardía a la vista de las demandas expuestas por las asociaciones de víctimas desde 1993 y con posterioridad para que el Estado no continuara haciéndose responsable subsidiario de indemnizaciones que corresponde atender personalmente a los victimarios. Frente a actitudes comprensivas que ven en la medida un factor de distorsión tras la desaparición de ETA, la requisa adquiere un valor especial en tanto que réplica directa a las apelaciones que la izquierda abertzale hace de «las consecuencias del conflicto armado». Los embargos puestos en marcha por la Audiencia Nacional responden fielmente a las consecuencias de la violencia empleada por ETA. Y del mismo modo que son las personas halladas culpables las que han de cumplir con los años de condena que recoge cada sentencia, son las personas individuales las que han de afrontar la responsabilidad civil contraída en cada atentado. El 'colectivo' que dice hacerse cargo de una ignominia de décadas, ese 'colectivo' al que los propios condenados aluden para presentarse como meros soldados que llevan a cabo una misión ineludible, se desentiende tanto de cumplir una mínima porción de los años de cárcel como de contribuir en algo a sufragar la responsabilidad civil atribuida a cada atentado con víctimas. Durante años, los condenados para indemnizar a las víctimas trataron de escudarse en la insolvencia derivando sus propiedades a otras personas y estableciendo relaciones laborales opacas. Una práctica que persiste. La sensación de impunidad a este respecto ha podido relajar sus prevenciones. Es la Justicia la que reclama a los etarras reparar económicamente a sus víctimas sin que la Hacienda de todos cubra su responsabilidad. Es la Justicia la que reclama indemnizaciones a quienes todavía se niegan a compensar moralmente a sus víctimas mediante la asunción del daño injusto causado.

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