La obtención por el Gobierno de Baleares de respaldo judicial para exigir a los sanitarios el pasaporte covid o tres pruebas semanales a los no ... inmunizados aporta un nuevo elemento al debate sobre la vacunación obligatoria. Con los contagios fuera de control en España y enfrentado a la ponderación entre la libertad individual y el derecho a la vida y la salud de los demás, el Tribunal Superior de las islas resuelve que los profesionales en cuestión-unos 2.000- se ven por un lado «especialmente amenazados» por la enfermedad en su práctica diaria y, por otro, están obligados a participar «activamente» en la prevención de las infecciones. El auto se apoya en la jurisprudencia del Supremo para considerar las medidas justificadas «por la gravedad de la situación pandémica» y limitadas en el tiempo, sin coste económico para los afectados y con la adecuada protección de los datos. El agravamiento de la pandemia y el daño de imagen que provocan estos días episodios de contagios ligados a celebraciones recuerdan el papel esencial de estos trabajadores. Y subrayan una vez más la falta de una ley orgánica que el Gobierno rehúye impulsar en un Congreso convertido en polvorín político.
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