La deliberación y aprobación en el Consejo de Ministros de la denominada 'ley trans' y su tramitación ahora por el Congreso han generado una acusada ... polémica que sobrepasa la línea divisoria entre partidarios y detractores para adentrarse en ámbitos en los que la anuencia con la norma ha desembocado también en controversia por el modo en que se regulan sus preceptos. La diatriba no solo alcanza al Gobierno de coalición, en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, arremetió ayer contra el PSOE por «atacar» con sus enmiendas en el Congreso «el corazón» del proyecto. También ha desatado fricciones sin precedentes en las filas socialistas y de Unidas Podemos; una disparidad que ha acabado permeando al movimiento feminista, con cruces de acusaciones de trazo muy grueso y una fractura, inexacta y simplista, entre las llamadas 'clásicas' y las militantes de nuevo cuño. La descripción de unos disensos tan transversales y la trascendencia de la ley, que busca resarcir a las personas trans de una marginación histórica, injusta y dolorosa regulando aspectos muy sensibles y complejos de la identidad individual, evidencian la pertinencia del debate parlamentario no para acotar derechos, sino para apuntalar su ejercicio.
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Al margen de la discusión suscitada entre quienes reivindican la libre determinación de género sin cortapisa alguna y quienes alertan de que vincularla a la identidad vacía de contenido la lucha feminista contra la desigualdad, el cambio de sexos en los menores y la reversibilidad de la decisión son los aspectos que están copando el debate. Y los que han llevado al PSOE a discrepar de Unidas Podemos y del texto que terminó prosperando en el Gobierno. Con sus enmiendas, los socialistas, en sintonía con otros partidos y colectivos sociales, creen preciso incorporar el control judicial para los menores trans de 12 a 16 años más allá de la autorización de los progenitores y también a la hora de revertir la identidad sexual adoptada. Los derechos LGTBI han sido tan sistemáticamente conculcados -incluso hoy el colectivo sigue siendo víctima de intolerables ataques de odio- que ello hace comprensibles los deseos de que la ley que los protege salga adelante cuanto antes. Pero las cautelas legales no sobran cuando están en juego decisiones tan vitales. De ahí que esas mayores garantías no deberían concebirse ni interpretarse como trabas a la ampliación de derechos, sino como un refuerzo para su ejercicio efectivo y lo más seguro posible.
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