La vivienda, en el foco

Los poderes públicos están obligados a ofrecer respuestas eficaces a uno de los principales problemas del país. Sería un error pensar que la carestía del sector va a ser resuelta a corto plazo, ya que responde a factores muy complejos que no se arreglan con buenas intenciones ni varitas mágicas, sino con una actuación coordinada entre las instituciones y el sector privado. La ley vasca y la española ofrecen a los ayuntamientos herramientas para actuar y topar los alquileres en las zonas saturadas. Habrán de hacerlo con un exquisito respeto al principio de seguridad jurídica, sin poner en cuestión el derecho a la propiedad y, a la vez, con una visión de conjunto en defensa del interés general para evitar que la especulación siga disparando los precios de la vivienda, haciéndola casi prohibitiva a amplias capas de la población, en especial a las nuevas generaciones.

Aumentar el parque público para atender tales necesidades es una iniciativa acertada que requiere la implicación de todas las administraciones y unas bases consensuadas entre los grandes partidos, a lo que no ayudan la proximidad electoral ni la polarización. Los apenas 9.000 pisos que puede ofrecer de inmediato el 'banco malo' en toda España, no ubicados en las zonas con mayor demanda y para cuyo acceso se requerirán meses de gestión, visualizan las dificultades para encarar un reto que ha cobrado protagonismo en la precampaña tras ser relegado en las prioridades de la mayoría de los gobiernos en los últimos años, aunque es justo reconocer el esfuerzo y el liderazgo de Euskadi en la promoción de vivienda protegida.