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La reivindicación de un Salario Mínimo Interprofesional vasco, incluso por encima del nacional, ha unido a todos los sindicatos de Euskadi, en un movimiento inédito ... tras años de fuerte división y que no se daba desde el blindaje de los convenios en 2017. El Gobierno autonómico se ha comprometido a tener listo durante este primer semestre un primer cálculo del SMI propio, adaptado a la realidad socioeconómica de nuestra comunidad, antes de presentarlo a una mesa de diálogo abierta a patronal y centrales para su necesaria negociación. De momento, Confebask ha optado por un prudente silencio mientras que el consejero de Economía, Mikel Torres, defiende que un salario mínimo «daría una seguridad jurídica a los sueldos más bajos».
La moderación con la que ha arrancado este proceso, pendiente del debate sobre la subida, contrasta con las discrepancias desatadas por la propuesta anunciada ayer por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en un 4,41%. Un aumento de 50 euros en cada una de las doce pagas a aplicar este año, que dará lugar a mensualidades de 1.184 euros brutos; en total, 700 más que en 2024. Se trata de una subida superior a las planteadas por la comisión de expertos y que la patronal ya ha cuestionado con el argumento de que ese incremento «destruirá empleo». El pulso se mantiene.
El desencuentro entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de la jornada laboral, encauzado parcialmente anoche, puede todavía dar quebraderos de cabeza al Gobierno. Los sindicatos CC OO y UGT están dispuestos a movilizarse si los recortes no se producen de manera inmediata, algo a lo que se niegan las organizaciones empresariales y que pondrá a prueba de nuevo la estabilidad de los socios de investidura de Pedro Sánchez, cuya fragilidad es más que manifiesta cada vez que la economía entra en la ecuación.
No es buena idea emplear iniciativas de alcance económico y social como bandera partidaria. Ninguna prisa política debe orillar la prudencia. También a la hora de ponderar las consecuencias de una territorialización del SMI en otras autonomías. Unas medidas sociales que entrañan beneficios para sus perceptores, sobre todo cuando son fruto de la negociación y el acuerdo, pueden perder su razón de ser cuando salen adelante a duras penas.
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