España se adentra en su décima jornada bajo una ola de incendios que continúa sin dar tregua, especialmente en las tres comunidades que están padeciendo ... la mayor devastación: Castilla y León, Galicia y Extremadura. Cada jornada sufrida imprime cifras y desgarros en la memoria negra del país. Como dolorosa muestra, las hectáreas calcinadas apuntan ya a máximos del siglo, mientras resulta descorazonador ver cómo los equipos de emergencia se resignan en algunos puntos a contemplar la voracidad de las llamas sin armas de control. La persistencia de unas lenguas ardientes que no ofrecen respiro obliga a continuar centrando todos los esfuerzos -los de la Unidad Militar de Emergencias del Estado y los de la autonomías, con el inestimable apoyo de la ayuda europea- en la protección de la ciudadanía y la extinción de los focos de riesgo.
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Es difícil que los vecinos de las autonomías afectadas y el conjunto de la ciudadanía puedan hacerse idea de la justa correspondencia entre los recursos desplegados por el Gobierno de Pedro Sánchez y los mayores que le exigen Alberto Núñez Feijóo y sus barones territoriales. Pero el anuncio ayer del presidente, en su visita a las cenizas en Galicia y Castilla y León, de la movilización de 500 efectivos del Ejército de Tierra sugiere desbordamiento de una crisis cuyo encauzamiento se ve entorpecido por el pulso, también sin tregua, entre el Ejecutivo y el PP. Esa pugna difumina las zonas de certidumbre cuando la zozobra sacude a los ciudadanos, impide diagnósticos compartidos para crisis de impacto general y dificulta dirimir dónde residen las eventuales fallas en la prevención y en la gestión y dónde los mecanismos del Estado autonómico puedan estar viéndose superados por desafíos novedosos.
Sánchez aprovechó su viaje a las comunidades que batallan contra los incendios para volver a enarbolar la bandera contra el irresponsable negacionismo y efectuar un segundo anuncio, este menos puntual: el impulso a un «gran pacto de Estado» para afrontar la emergencia climática. De la misma manera que el PP no debería escorar sus políticas hacia el extremismo de Vox, el Gobierno tampoco tendría que identificar como negación de la emergencia medioambiental cualquier crítica que se le traslade. El presidente está urgido ahora a perfilar los detalles y el contenido del plan avanzado ayer para dotarlo de trascendencia real y evaporar cualquier sospecha de oportunismo.
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