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La sucesión del incidente ferroviario que atrapó a más de 10.000 viajeros en la línea del AVE Madrid-Sevilla durante horas desde el domingo ... por la noche y del insólito apagón sufrido por todo el país una semana antes avivó el cuestionamiento de cómo presta el Gobierno los servicios públicos que le competen y cómo responde a sus fallas. El Ejecutivo -lo hizo ayer el presidente Sánchez desde Cataluña- abandera una línea argumental que resalta el modo en que se restablecieron la luz y las comunicaciones tras el histórico colapso, cuando eso constituía una obligación y lo más relevante es que aclare por qué se produjo un desplome que había negado que pudiera registrarse. Ayer, ante el caos en el servicio ferroviario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó a un «grave sabotaje», una tesis menos comprometedora para el Gobierno que a la que apunta la investigación de la Guardia Civil: que el tráfico se fue al garete tras uno de los recurrentes robos de cobre en el tendido perpetrados por grupos organizados. Nada despierta mayor desconfianza en los administrados que la opacidad. Y pocas cosas irritan más que la falta de fiabilidad en servicios nucleares para todos.
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