Camino de Ámsterdam
El Gobierno Sánchez se empeñó tanto en cuestionar el traslado de la sede de Ferrovial que ahora solo puede sumirse en el silencio
La junta de accionistas acordó finalmente trasladar la sede social de Ferrovial a Países Bajos. El presidente de la firma, Rafael del Pino, había asegurado ... en su intervención inicial que la propuesta no obedecía a motivos fiscales, que la sociedad seguirá manteniendo su presencia y sus planes de inversión en España, reivindicándola como una empresa española. Del Pino subrayó además que el traslado de domicilio no sólo representaba el parecer de sus directivos y de sus accionistas, sino que estaba siendo refrendado en su cotización bursátil. El objetivo defendido por los máximos responsables de la compañía sería proseguir en su internacionalización desde la plaza europea, que creen más adecuada. Tanto para cotizar simultáneamente en las bolsas de Madrid, Ámsterdam y Nueva York como para acceder a nuevos mercados y a más inversiones. Fue la razón que permitió a su presidente señalar que el título de Ferrovial había subido desde el anuncio del traslado -ayer cerró en 27,39 euros- mientras bajaba el Ibex 35. Lo que parece descartar la eventualidad de que haya accionistas dispuestos a frustrar la operación mediante una venta significativa de acciones.
La primera noticia sobre las intenciones de Ferrovial aludió a problemas de inseguridad jurídica que, con su marcha, trataría de sortear la compañía. Un argumento que no ha reaparecido por insostenible. Pero el escrutinio entre los accionistas que participaron en tan decisiva junta -en su amplia mayoría inversores extranjeros- desoyó por un 93% las advertencias del Gobierno Sánchez, dirigidas en los últimos días a persuadirlos para oponerse a la operación. Ello después de que tanto el presidente como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la titular de Hacienda y 'número dos' socialista, María Jesús Montero, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se hayan prodigado en mensajes que han ido del agravio patriótico al anuncio de medidas correctivas. A los que ayer todavía se sumaron Yolanda Díaz y también Ione Belarra, esta última exigiendo la devolución de las ayudas recibidas por Ferrovial durante la pandemia. Toda decisión empresarial de relevancia es susceptible de discusión pública. Sobre todo cuando supone un cambio de domiciliación que pudiera cuestionar la solvencia institucional del país de origen. Pero el Ejecutivo se empeñó tanto en afear el paso de Ferrovial que ahora no puede sino sumirse en el silencio.
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