Con consenso y seguridad legal

La tramitación en el Congreso de la llamada ley trans, reguladora de los derechos de las personas que optan por un cambio de sexo y ... las LGTBI, ha reavivado las llamas de un debate transversal que ha generado desavenencias a varias bandas: dentro del Gobierno de coalición, con los socialistas anunciando enmiendas aunque con el compromiso de no tocar su núcleo, la libre determinación registral de género; entre el Ejecutivo y la oposición; en el propio seno, también, del PSOE y de Unidas Podemos; y entre las mujeres que hacen bandera del feminismo. Nadie puede oponerse al reconocimiento de los derechos de gais y transexuales, víctimas de una histórica e inaceptable represión y marginación; ni negar el riesgo que representan los rebrotes de intolerancia y odio contra esos colectivos para la convivencia de todos. Pero ello no exime al legislador de procurar una ley lo más segura jurídicamente y con el mayor consenso posible. En especial cuando lo que están en juego son derechos cívicos. Y cuando aspectos como el modo en que está concebida la autodeterminación de género en la infancia y la adolescencia suscita dudas razonables sobre la irreversibilidad de una decisión tan sensible.