Doble vulnerabilidad

«Hemos caído en desgracia», nosotros, vascos universales que nacemos donde queremos, que formamos parte de una sociedad solvente, culta, que llevamos a la final a la Real y al Athletic, somos ahora ciudadanos sometidos a unas restricciones relacionadas por un virus, que nada tienen que ver con nuestro perfil social y económico.

Sabemos del control de entrada en fronteras de países ricos, de los refugiados tratando de alcanzar Europa por Grecia, los subsaharianos por el Mediterráneo, de los muros de Melilla o de la frontera de México y Estados Unidos. Pero eso no va con nosotros, va de gente pobre que huye de guerras y miseria. Nosotros entendemos que viajar es casi un derecho connatural a nuestra existencia, nada extraordinario. Y, de un día para otro, caemos en desgracia, nos aíslan en casa y nos pueden cerrar las fronteras porque somos potencialmente portadores de un virus que no debe propagarse. Lo de los demás, es casi inevitable, forma parte de la información diaria, son los pobres, nadie los quiere.

Menos mal que no se nos aplica el 'stop and frisk' americano, parar y registrar a una persona por el hecho de tener los rasgos antropológicos y sociales de un colectivo sospechoso. Pero casi, porque nos pueden parar y tomar la temperatura, así, sin más. Ahora, esta nueva discriminación objetiva se muestra necesaria. Tiene una justificación legal y sanitaria. Me suscita algunas reflexiones.

En primer lugar, las administraciones públicas y la clase política, en sus diferentes niveles, están obligadas a tomar decisiones que respondan con firmeza a ralentizar la expansión de la pandemia, a aplanar la campana de Gauss que haga viable la atención hospitalaria, que mitigue el impacto, sin temblor. Desde el conocimiento de las consecuencias negativas que las decisiones conllevan y que no pueden evitarse, pero dispuestos a atender las contingencias que puedan anticiparse, también las no previstas, remediando los efectos negativos de las medidas. La actividad económica sufrirá. Pero hay medidas de política económica capaces de hacer frente a esta adversidad. Eso esperamos.

Las primeras medidas, las que no pueden esperar, deben ser las destinadas a las personas más afectadas. Me refiero a los trabajadores que ven peligrar su empleo, trabajadores precarios con contratos temporales, de obra, de muy corta duración; trabajadores a tiempo parcial y que cobran por hora trabajada; trabajadores autónomos cuyos escasos ingresos les hacen depender del trabajo diario que pueden perder, temporal o definitivamente; pequeños negocios a los que la inmovilidad social condena a la ausencia de ingresos; pequeñas empresas que sin ingresos se abocan a crisis financieras; trabajadores abocados a EREs y ERTEs de empresas que sufren la paralización temporal.

Y también los trabajadores manuales, en contacto con muchas personas. Buena parte de ellos con condiciones de trabajo mediocres, trabajadores de la limpieza, de los cuidados, transportes, grandes superficies, que permanecen en su puesto para atendernos a los demás en nuestras necesidades. Seamos conscientes de que menos de la cuarta parte de los empleos pueden acceder al teletrabajo.

Reflexión obligada también sobre los afectados en su salud, en su vida, en sus mayores quehaceres, en sus particulares emociones y sensibilidades: personas con problemas de salud, mayores y enfermos crónicos; mujeres que además de teletrabajar, atienden el hogar y a los niños; amumas y aitites con obligaciones añadidas de cuidado de nietos y con el temor del contagio mutuo; los niños de familias sin recursos económicos, culturales e informáticos, cuya brecha educativa se agrandará.

Añado una reflexión ética sobre el riesgo de sustitución de la responsabilidad personal por una obligación legal. Porque en parte se suplanta la responsabilidad personal por la colectiva, y se corre el riesgo de que la justificación moral de hacer se sustituya por una suerte de imposición, de una culpa colectiva. ¿Decidimos quedarnos en casa porque sabemos que es lo conveniente y prudente? ¿O es que se nos obliga a hacerlo? No debemos perder el horizonte de la justificación de nuestra inmovilidad. Lo mandata nuestra responsabilidad personal y nos obliga a ello el imperativo legal. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por los demás. Debemos practicar un civismo responsable.

Este 'aislamiento colectivo' va a tener un coste económico muy relevante. Me pregunto: ¿tenemos obligación moral, si nuestra particular economía lo permite, de asumir parte de este coste, a nuestro cargo? ¿O lo paga todo el Gobierno?