El discurso del Rey

El independentismo catalán ha lanzado una ofensiva contra Felipe VI por haber cumplido con su obligación: la defensa del orden constitucional

El discurso del Rey
Antonio Elorza
ANTONIO ELORZA

Hasta la alocución televisada de Juan Carlos I, que dejó fuera de juego a los golpistas en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, los anteriores monarcas españoles no se habían distinguido precisamente por sus declaraciones en defensa de las instituciones democráticas. En la misma línea de su predecesor, el 3 de octubre del pasado año, ante la gravedad de lo ocurrido dos días antes en Cataluña y también frente a la mezcla de errores y pasividad de fondo en el comportamiento de Rajoy, Felipe VI pronunció un mensaje en el que optó por poner de manifiesto su papel de guardián moral -«árbitro y moderador»- del orden constitucional y dejar clara la posición de la Corona, siempre dentro del marco estricto de sus atribuciones fijadas por la Constitución. Creyó que su obligación consistía en expresar su actitud de respaldo y defensa de la ley fundamental sometida a una ofensiva permanente desde las instituciones catalanas, Govern y Parlament, a partir de las sesiones de este último en los días 6 y 7 de septiembre.

En la medida que representó un apoyo inequívoco al orden constitucional y, según cabía esperar, el discurso suscitó irritación y condena en las filas independentistas. Era preciso expresar un rechazo tajante a quien se atrevía a defender la Constitución frente a la vía catalana por la independencia. Además, la designación del Monarca como chivo expiatorio hacía posible dotar a la trayectoria ilegal del 'procés' de una tintura de progresismo, que en adelante lo cubrirá todo. Quim Torra habrá demostrado, como otros correligionarios suyos, que se podía ser xenófobo antiespañol hasta el último extremo y, en consecuencia, impresentable. Ahora, en cambio, Torra y los suyos son ante todo republicanos. Y esa invocación de la república catalana ya les confiere el certificado de progresismo contra una Monarquía que, según su visión, huele a facha solo por serlo. De ahí la declaración de Felipe VI como persona non grata en Cataluña.

Al día siguiente de pronunciadas las palabras del Rey, Puigdemont dio la señal para descalificarlas: «Esperábamos un llamamiento al diálogo». La referencia machacona al diálogo ausente ha ido desarrollándose en lo sucesivo, hasta presentar a Felipe VI poco menos que como responsable directo de toda represión en Cataluña. Un escritor medio 'indepe', medio 'progre' ha sido el más claro para justificar la reprobación del pasado jueves 11 de octubre: Al pronunciar el discurso de hace un año, el Rey «suplantó» (sic) a Rajoy, hizo saltar por los aires su papel de moderador y «dio la orden de ir a por el separatismo catalán, sin consideración alguna para el conjunto de la sociedad catalana». Ni más ni menos. El crítico olvida que, según el artículo 56.1 de la Constitución, el Rey para España «es símbolo de su unidad y permanencia», y que, por tanto, no podía permanecer insensible ante lo que relata con toda precisión en los primeros apartados de su intervención: sucedieron en Cataluña «hechos muy graves», movidos por la decisión de las autoridades autonómicas de ignorar todo el marco normativo en virtud del cual ejercen el autogobierno (Constitución y Estatuto), con el fin de encaminarse a una independencia tan incompatible con la Carta Magna como causa de una visible fractura en la sociedad catalana. Por bueno y santo que sea ese fin.

Un jefe de Estado constitucional, Rey o presidente de la República, no tenía otro remedio, vista la nulidad de Rajoy, que poner de relieve la «deslealtad inadmisible» recién consumada. Por lo demás, habría que advertir que oponerse a la independencia no equivale a «dar la orden de ir a por el separatismo catalán». Ninguna expresión en el discurso permitía una interpretación tan torticera. Por fin, la Corona es un poder moderador, pero antes que eso es árbitro (Constitución dixit). Y el árbitro no pone en los mismos términos al que comete la falta y al que la sufre.

La reprobación a la segunda del Parlament ahonda en esa visión deformadora. El texto de los Comuns «rechaza y condena el posicionamiento» de Felipe VI en el «conflicto catalán» por justificar la violencia de los cuerpos de seguridad el 1-O. De nuevo es el discurso inventado. El Rey defiende la oposición del Gobierno legítimo a una actuaciones antidemocráticas, enfrentadas a la Constitución. No da en momento alguno un viva a la Policía, ni califica de delincuentes a los independentistas; tampoco menciona la violencia que estos ejercieron el 20-S. Se limita a reseñar unos comportamientos políticos evidentes y a tomar posición de acuerdo con su deber, atendiendo a lo que reza el texto constitucional.

El Gobierno parece inclinado a salvar el bache acudiendo al Tribunal Constitucional. Puro gesto. Importa, en cambio, que una vez rechazada la primera reprobación por el Parlament, Comuns-Podem, ya sin el criterio regulador de Doménech, haya optado por un ataque al jefe del Estado, que bien puede desencadenar una espiral de declaraciones 'progres' por la República. Podemos no pierde de este modo su voluntad de erosión institucional, poco compatible en principio con el papel que quiere jugar.

El equívoco fundamental consiste en aceptar que esa profesión de fe republicana se ciñe al cambio de régimen y no a lo que es su objetivo central: la destrucción del Estado. Resulta curioso que, en la larga historia constitucional de España, el primer republicanismo surgiera más que por convicción en la idea, por lógico rechazo de la conducta antipatriótica y absolutista de un personaje como Fernando VII. Y que ahora, en cambio, cuando la acción de un monarca se inscribe conscientemente en la Constitución y asume su defensa y la del Estado de derecho -«valores republicanos»-, ese republicanismo instrumental crezca como la espuma. La República puede ser un horizonte lógico, democrático, en una situación española normalizada. Refugiarse en su mito aquí y ahora es simple desestabilización.