Detengan la escalada

Aunque el PP haya intentado poner las instituciones al servicio de su estrategia en favor de una escalada de la confrontación, España no es una democracia militante. Sin embargo, se ha apropiado del papel del Tribunal Constitucional y lo ha transformado en militante, la Fiscalía se ha convertido en su instrumento en la Justicia, y el corolario: la utilización represiva de las fuerzas de seguridad. Todo ello, sumado a su aguerrido nacionalismo español, incapacita al Gobierno para emitir un mensaje plural y negociador. Muy al contrario, refuerza el relato del Estado que oprime a un pueblo benéfico.

Algo similar, con diferencias de dimensión, ha ocurrido con el Govern catalán en sus ámbitos de influencia. Hemos visto a un Puigdemont que continuaba la huida hacia adelante de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) al margen de la legalidad, el pacto interno mayoritario y el reconocimiento internacional cuando, en este marco, la apelación a la mediación carece de credibilidad.

Pero esto cambia por momentos y en los últimos días hemos asistido a la sorpresa y posterior minimización del problema por parte del Govern. ¿Qué demuestra? No solo la endeblez de los argumentos esgrimidos para ir tensando hasta casi romper, también evidencia la nulidad de debate y la inexistencia de información pública que preceda al necesario consenso interno en cualquier referéndum que se precie, que ni se ajustaba al marco legal vigente, ni contaba con el reconocimiento internacional del que en más de una ocasión se presumió.

De uno y otro lado, la deriva autoritaria y la agitación populista del electorado nacionalista han impedido hasta ahora el diálogo, la deliberación y el acuerdo. En definitiva, la política.

Llegó el golpe de efecto de la banca y las grandes empresas catalanas (esas mismas a las que reprendió este domingo un exeurodiputado socialista por no haber hablado antes y hacerlo públicamente) y se empezaron a escuchar algunas dudas sobre el momento para la DUI. Por mucho que presione la CUP, la incertidumbre se cierne sobre el independentismo de Puigdemont.

¿Es posible que sobre el baño de realidad de unos y la sobreactuación de otros puedan sentarse las bases, frágiles y difíciles de consolidar, que detengan la escalada de confrontación y establezcan líneas de comunicación? ¿Es posible iniciar algún tipo de diálogo? Estoy seguro de que después de los agravios, vendrán los abanderados y reclamarán la victoria. Pero, como Azaña hace más de ochenta años, estamos hoy quienes creemos que no se trata de soportarnos, se trata de reconocernos plurales y convivir encauzando la tradición con la razón.

En los últimos tiempos y al calor de la crisis económica y política, el modelo republicano de representación política ha salido de escena para ser sustituido por la articulación de causas sin proyecto político y por procesos plebiscitarios. La política republicana no es solo la representación de la pluralidad y del llamado interés general, es también participación y responsabilidad cívica. Los sentimientos siempre han estado y estarán; lo nuevo es la anteposición de lo emocional a lo racional, de la causa a la ideología y la personalidad, del plebiscito a los partidos. Ya en las últimas elecciones generales las causas particulares y los fuertes personalismos impugnaron el modelo republicano de partidos de forma apabullante, y se repite en procesos críticos como es ahora el referéndum en Cataluña.

Gobierno y Govern han puesto en evidencia la escalada nacionalista frente al origen ciudadano del modelo de autogobierno y del federalismo republicano: no se puede responder con la reafirmación de otra identidad de origen a la huida del modelo compartido hacia la identidad. Es el camino derecho a la confrontación y al agravio. Unos con su declaración de independencia, otros respondiendo con la suspensión de la autonomía; un nuevo peldaño en la separación, si no legal, sí política y social.

¿Cuál es la salida? Que funcionen el Estado sin atajos y la división de poderes, no su manipulación de parte, y que en paralelo se adopte una iniciativa política de diálogo para la reforma constitucional, estatutaria y su sometimiento a consulta ciudadana. Una DUI, como un referéndum unilateral, divide y no resuelve los problemas de unas identidades catalanas y españolas plurales.

Desandemos la confrontación entre los ciudadanos dentro y fuera de Cataluña y cambiemos el relato internacional de enfrentamiento por otro de diálogo y convivencia.