A DESALAMBRAR, O A SIMULARLO

Buena parte de los partidos se han lanzado a la búsqueda de acuerdos que aporten estabilidad o, al menos, que les permitan ganar tiempo. Cataluña y la proximidad de varios procesos electorales juegan en contra

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. /El Correo
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. / El Correo
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Vivimos tiempos singularmente turbulentos en la política española. Problemas y sobresaltos que han empezado a salpicarnos pero que amenazan con alcanzar de lleno más pronto que tarde a Euskadi, todo un balneario estos años.

Aun así, o precisamente por ello, buena parte de los partidos se han lanzado a la búsqueda de acuerdos que aporten cierta estabilidad política, o que les permitan ganar tiempo. No me atrevo a decir que convencidos de que vayan a llegar a buen puerto, sino posiblemente de lo contrario. Pero de momento las conversaciones están abiertas.

Y si alguien está enarbolando la bandera del diálogo y la negociación con singular tesón ese no es otro que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Puede que por convicción, pero sin duda por necesidad. Para sobrevivir, para forjarse una imagen a falta de otras realizaciones que vender y que no están al alcance de su gabinete por su precaria situación en el Parlamento.

Diálogo con un doble objetivo. El primero, Cataluña. El segundo, intentar sacar adelante unos Presupuestos para 2019. Ambas líneas de trabajo, estrechamente interrelacionadas. Nada apunta a que Sánchez esté en el camino de lograr desactivar el desafío del secesionismo catalán al Estado a corto plazo. Más bien al contrario.

El president, Quim Torra, y su predecesor, Carles Puigdemont, mantienen que la única vía de salida al conflicto es la celebración de un referéndum de autodeterminación hoy por hoy imposible. Ni PSOE, ni PP ni Ciudadanos lo autorizarán jamás. No, al menos, en las actuales circunstancias.

No solo. Tanto ellos como sus socios de ERC, ignorando que España es un Estado de Derecho en el que rige la separación de poderes, aun con todos sus defectos, exigen sin rubor que los líderes del fallido 'procés' encarcelados y/o huidos queden en libertad sin cargos pese a las ilegalidades cometidas hace un año. Todo un dislate. En estas condiciones, ¿para qué mantener los contactos? Porque si alguna vez llegara el acuerdo sólo sería desde el diálogo. Y, sobre todo, porque los soberanistas catalanes -junto al PNV, EH Bildu y a la izquierda alternativa- son quienes tienen en su mano la estabilidad del Gobierno.

Sánchez ha acercado esta semana posiciones con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Primero para intentar sacar adelante las Cuentas del próximo año. Y, además, para tratar de dotar de contenido y estirar la legislatura como mínimo un año o año y medio más.

Hablar, hablar y hablar

Pero de nada servirá ese entendimiento si nacionalistas vascos y/o catalanes ponen el veto. Porque no están de acuerdo con que se suban algunos impuestos. O, en el caso del PDeCAT y/o ERC, porque exigen que se atiendan algunas de sus demandas respecto al contencioso existente a orillas del Mediterráneo.

De momento, Sánchez y sus ministros no pueden hacer otra cosa que hablar, hablar y volver a hablar, pese a ir de fracaso en fracaso. En la esperanza de que las cosas no se desmanden en el Principado, como hace un año, o de que el Gobierno quede bloqueado por la oposición en el Parlamento.

La situación es evidentemente compleja. Y todavía se complica más por la proximidad de varios procesos electorales en los próximos nueve meses. Por este orden. Andalucía, tal vez Valencia, Europa, municipales y autonómicas en las comunidades de régimen común, además de en una Navarra que ya puede ver ETB, cuestión de cierta relevancia.

El PSOE pretende que el gabinete Sánchez dure. Juega con la ventaja de que el PP tampoco quiere elecciones porque precisa tiempo para consolidar a su nuevo líder, Pablo Casado. Pero si el Gobierno no logra gobernar y los sondeos siguen vaticinando a los socialistas una importante subida de votos, la legislatura terminará.

También la política vasca aparece contaminada por Cataluña. Singularmente el PNV de Andoni Ortuzar y la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi. Me permitirán que albergue serias dudas de que los jeltzales hubieran pactado con EH Bildu unas bases de corte tan netamente soberanista para reformar el Estatuto de Gernika de no haber existido el desafío catalán al Estado, y una situación tan inestable en Madrid. Y es que la militancia peneuvista -y muchos burukides- miran con enorme simpatía las ansias independentistas catalanas.

Ni Ortuzar ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, creen hoy por hoy en aventuras rupturistas. De momento apuestan por intentar convencer al Estado para que incremente el autogobierno hasta donde sea posible. Lo que no quita para mostrar cierta empatía a los soberanistas catalanes y visitar en la cárcel a Oriol Junqueras, como hizo el lehendakari, o a Forn, Turull y Rull, como hará la semana entrante el presidente del EBB, aprovechando su viaje a Barcelona para participar en los actos de la Diada.

¿Y el nuevo estatus? Pues ya veremos si la disposición a abandonar maximalismos mostrada por Ortuzar y Urkullu, y rechazada en público por el diputado general guipuzcoano, el 'egibarista' Markel Olano, sirve para que Podemos y/o PSE se sumen al acuerdo y lo hagan viable en Madrid. Y, de ocurrir así, si la paz seguirá reinando en el seno del primer partido vasco.

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