No hay derecho

Manifestación por los presos de ETA, celebrada la semana pasada en Bilbao./
Manifestación por los presos de ETA, celebrada la semana pasada en Bilbao.
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

No hay derecho que el Gobierno mantenga el alejamiento de los presos de ETA como regla general de la política penitenciaria cuando es incuestionable que es una medida excepcional de complicado encaje legal-constitucional. No hay derecho que la Justicia rechace las peticiones de excarcelación que ha realizado Eduardo Zaplana debido a su gravísimo estado de salud. No hay derecho que la Justicia mantenga en prisión provisional a los procesados en la causa sobre el 1-O y tengan que hacer frente al juicio oral que se prevé largo, con fuertes limitaciones para una mejor asistencia y defensa de sus abogados.

El alejamiento de los presos de ETA iniciada en 1985 por el Gobierno de Felipe González nunca tuvo su justificación real en la política penitenciaria y en el objetivo constitucional de reinserción. El alejamiento y la dispersión se idearon como instrumentos de la política antiterrorista, llevando la lucha contra ETA al seno de las cárceles, con el objeto de minar la moral de los internos y provocar tensión con la organización castigando a los familiares. El alejamiento no tiene defensa desde el punto de vista de la legalidad penitenciaria. El ministro del Interior, Grande Marlaska, se refirió ayer a esta cuestión y reconoció que el alejamiento era una medida antiterrorista y que con ETA disuelta y derrotada, hoy debe atenderse a 'criterios penitenciarios'. Veremos ahora si los hechos se corresponden con las palabras. Esa idea de castigo o de falta de humanidad se observa en las decisiones judiciales que han negado a Zaplana revisar la prisión preventiva pese a estar gravemente enfermo por la leucemia y la complicación añadida tras el trasplante de médula. Con pronóstico poco esperanzador y necesitado de asistencia médica continuada, no se entiende jurídicamente, sin incluir la debida mirada humanitaria, cómo valora la jueza de instrucción la existencia objetiva de 'riesgo de fuga' para denegar la solicitud. Si un Estado, con todos sus medios técnicos y humanos, no es capaz de eliminar o neutralizar el riesgo de fuga de una persona que se encuentra en las condiciones de Zaplana, entonces, apaga y vámonos. Si un Estado de Derecho no tiene más alternativa que la figura extraordinaria de la prisión provisional para asegurar la presencia del investigado en el juicio, está claro que el ordenamiento jurídico de ese Estado se equivocó al caracterizar la prisión preventiva como medida excepcional.

Esta misma sinrazón se observa en las decisiones del Supremo que mantienen la prisión de los encausados en el 'procés' bajo el argumento de la existencia de riesgo de fuga, aunque dentro de quince días se iniciará el juicio oral que durará en torno a tres meses. El mantenimiento de la prisión conlleva el traslado de los acusados a la cárcel más próxima a la sala de juicio en Madrid; con traslados de ida y vuelta todos los días del centro penitenciario a la sala de vistas. No estamos solo ante un abuso fraudulento del instituto de la prisión preventiva, sino también con la afectación grave del derecho de defensa como derecho de toda persona de disponer de los medios adecuados, tanto materiales como personales, entre los que se debe citar la asistencia jurídica de su abogado. Es obvio que el mantenimiento de la prisión introduce limitaciones graves, especialmente en un juicio oral tan largo, para que los letrados puedan mantener todo el contacto necesario para su mejor defensa y limitará la participación indispensable de los procesados en su propia defensa. Los casos anteriores constituyen ejemplos significativos de cómo los distintos poderes del Estado, llegado el caso, por la razón que sea, están dispuestos arbitrariamente a un cambio de las propias reglas de juego.