Menos demagogia

Las respuestas simples como las ofrecidas al impuesto de las hipotecas atienden más al instinto partidista que a la búsqueda de soluciones reales

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. /Efe
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Efe
EL CORREO

El Consejo de Ministros recurrió ayer al decreto-ley para que a partir del lunes sean los bancos quienes se hagan cargo del impuesto sobre las hipotecas que concedan, a la vez que modificó la normativa sobre la fiscalidad de las empresas para que no se puedan deducir tales gastos. Lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no precisó es de qué modo pretende impedir que las entidades financieras repercutan ese coste en sus hipotecados o en sus clientes en general. Es de temer que los ciudadanos que soliciten préstamos de ese tipo no resulten beneficiados por la reforma. Los organismos reguladores solo podrían velar porque no induzca cláusulas o prácticas abusivas. Pero, en una economía de libre mercado, el anuncio del presidente -«nunca más»- solo posee un valor formal cuando el propio Gobierno muestra dudas a la hora de promover la autoridad independiente de defensa del consumidor financiero. En buena medida, Pedro Sánchez ha querido salir al paso de la manifestación convocada por Unidos Podemos para mañana ante el Supremo para «defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad». Una protesta a la que le resta sentido la iniciativa del Ejecutivo. Citarse a las puertas del Alto Tribunal para protestar por su tratamiento de un litigio representa un ejercicio legítimo, pero al límite, del derecho de manifestación. Que la convocatoria parta de una coalición -Unidos Podemos- con representación parlamentaria, cuyos programas y actuaciones institucionales habían avalado el pago de ese impuesto por parte de los hipotecados, resulta doblemente contradictorio. Porque quien forma parte del Poder Legislativo contraviene la independencia judicial que predica desde el momento en que se manifiesta ante la sede del Supremo, máxime cuando lo hace tras haberse alineado reiteradamente con la tesis que al final ha dictado el tribunal. Las respuestas simples, demagógicas y populistas al enrevesado problema de la financiación de la vivienda atienden más al instinto partidario que a la búsqueda de una solución real. Con un lacónico «son las reglas del juego» despachó el presidente del Supremo la injustificable montaña rusa a la que se subió tan alta instancia judicial. El problema es que se trata de un juego interminable, al que se apuntan también quienes aprovechan la ocasión para cuestionar la entereza del sistema democrático español con el objetivo de favorecer una república independiente para Cataluña.

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