Curso incierto

El Gobierno vasco arranca el nuevo curso político en un horizonte plagado de incertidumbres. No es la menor la fecha de las próximas elecciones autonómicas, ... que correspondería celebrar en septiembre de 2020 si se agotaran los plazos. La duración de la legislatura dependerá de que el Ejecutivo de Urkullu, apoyado en una insuficiente mayoría que ha lastrado el desarrollo de su programa legislativo, consiga aprobar los Presupuestos. Si no lo logra y sin garantía alguna de sacar adelante sus proyectos pendientes, carecería de sentido estirar de forma artificial el mandato. La amenaza de una crisis global, cuando algunas heridas de la declarada hace más de una década aún no han cicatrizado, debería servir de estímulo para forjar un acuerdo sobre las Cuentas que permita afrontar nuevos retos y mejorar la situación con la que Euskadi encara una coyuntura sombría. En contra de ese entendimiento juega la inestabilidad política instalada en España, con el riesgo cierto de una repetición de las elecciones generales en noviembre y la consiguiente confrontación partidaria, que dista mucho de ser el escenario ideal para un diálogo constructivo. La encallada investidura de Pedro Sánchez ha paralizado la Administración central y puesto en peligro dos de las principales bazas que el PNV pretendía explotar de cara a las autonómicas para revestir así el balance de una legislatura con escaso brillo. De un lado, la culminación del Estatuto de Gernika -una injustificable asignatura pendiente 40 años después de su aprobación-, con un calendario de transferencias pactado que hace meses saltó por los aires. De otro, el impulso a la llegada del tren de alta velocidad, cuyo inadmisible retraso frena la competitividad de Euskadi. La eventual reedición de las elecciones generales prolongaría el impasse en ambas materias por un tiempo imprevisible. Además, conlleva el peligro para el PNV de un realineamiento de fuerzas en el Congreso menos favorable a sus intereses. No deja de resultar contradictorio que, mientras el PNV suspira por la investidura de Sánchez con el aval de Podemos, fíe al apoyo del PP los Presupuestos vascos y, por tanto, el futuro del Gobierno de Urkullu. Y que, a la vez, mantenga con EH Bildu un acuerdo que aspira a ampliar para una reforma del Estatuto en clave soberanista. Una propuesta con un más que cuestionable encaje legal, que está lejos de concitar el consenso necesario para prosperar y que quedará irremediablemente en el cajón aunque la renovación de la Carta de Gernika era uno de los objetivos de esta legislatura que entra en su recta final.