Covid-19: La economía se agrieta

Pero el efecto inducido no se ha hecho esperar. Forzados por los graves riesgos sanitarios de la pandemia, unas de forma voluntaria y el resto por las prescripciones de los gobiernos, la mayoría de las unidades de producción han procedido al cierre transitorio, con las desastrosas consecuencias económicas que ello acarrea. La demanda desatendida se confina, obligadamente, en las trincheras.

Bien es cierto que no se trata de un shock de demanda endógeno, que revele una crisis intrínseca del sistema. El consenso reconoce que la demanda está ahí, agazapada, que es reversible y que espera a que el virus claudique y los compradores accedan a las rutinas anteriores al confinamiento para recuperar la normalidad.

Pero añadidamente, la demanda está sufriendo un azote de gran calibre como consecuencia del desmoronamiento de las bolsas de valores de los últimos días. El Ibex 35 ha registrado el jueves pasado la peor caída de su historia, un 14,06% en la sesión, que lo ha llevado a los 6.390 puntos, el nivel de 2012. Un 36,6% de pérdida en apenas tres semanas.

La caída no es aleatoria ni casual. Responde a la venta masiva de las grandes gestoras internacionales de carteras -acompañadas por otras locales de menor tamaño- ante una revisión de sus expectativas que anticipan un deterioro económico más profundo y largo de lo previsto, y de secuelas antes no advertidas, todo ello como consecuencia del coronavirus.

Pues bien, la teoría económica nos recuerda que la rebaja patrimonial de las familias tiene una incidencia negativa sobre el consumo privado. El alcance directo no sería abrumador, ya que según informa el Banco de España, aunque el 95,5% de los hogares tiene algún tipo de activo financiero, su valor mediano es de 10.500 euros, importe que no parece excesivo, aunque lo sea en parte, al incluir planes privados de pensiones y otros instrumentos de previsión. Pero el efecto más acusado deriva de las sombrías expectativas que las familias se ven obligadas a formarse cuando contemplan un descalabro financiero como el registrado la semana pasada. Es ahí cuando sus expectativas les llevan, si pueden, a retrasar sus decisiones de compra -los temidos 'lags'- con la negativa incidencia que, de forma sumada, esa conducta acarrea para el consumo nacional, para el PIB y para el empleo: el electrodoméstico nuevo, para el año que viene. Dicho comportamiento suele venir secundado asimismo por los empresarios, que difieren sus inversiones con análogos efectos negativos sobre la demanda agregada y, en consecuencia, sobre el PIB y el empleo.

No es exageración. El viernes pasado, el director de asuntos financieros de la Unión Europea, Maarten Verwey, auguraba para la unión, en 2020, un crecimiento negativo del 1%. Lo cual, sin eufemismos, constituye una nueva recesión económica en Europa y algo que puede parecérsele bastante en España.

Frente a todo lo citado, en el corto plazo, el sector público tiene que actuar como un agente compensador, como un asegurador de riesgos catastróficos. Solamente Alemania ha manifestado apoyar al sector privado sin limitación, lo que su ministro de finanzas, Olaf Scholz, ha descrito como un bazuka financiero. Las medidas fiscales anunciadas por España o la Unión Europea serán previsiblemente insuficientes o tardías. Las decisiones monetarias adoptadas por el Banco Central Europeo serán en parte irrelevantes -reforzar un programa LTRO poco operativo- y en parte contraproducentes, al introducir un nuevo programa de compras de bonos que deprimirán aun más los tipos de largo plazo. Consolidarán la vulnerabilidad de los bancos en lugar de relajar sus coeficientes y erosionarán el ya muy dañado patrimonio de los ahorradores.

Los temporales en España suponen el 27% de los ocupados. Atención a las cifras de empleo en los meses venideros.