El control democrático en la excepción

¿Hay control en cuanto al contenido substantivo de las medidas adoptadas por el Gobierno? Los juristas no se ponen de acuerdo acerca de si el confinamiento es una prohibición general del libre desplazamiento con excepciones, o más bien es una autorización general para circular pero con limitaciones. Y según se vea una u otra cosa, resulta que la medida es constitucional o no, es decir, cabe al Gobierno adoptarla en un estado de alarma o no. Decepcionante. Todo depende de cómo se describa una botella mediada: como un recipiente relleno salvo en un espacio o como un recipiente vacío salvo en un espacio. Cuando los juristas se dedican a atar moscas por la cola nominalista lo único que muestran es la ineficacia del Derecho.

Lo cual es especialmente grave cuando se nos está anunciando algo que hasta ahora se denominaba internamiento o concentración ('campos de…'), aunque en la neolengua se llaman 'arcas de Noé'. Los contagiados podrían ser internados forzosamente con carácter general en bonitos campos con estrellas de lujo, internamiento que quedaría justificado en el principio de que 'no existe el derecho a contagiar'. De nuevo estupor. ¿Autoriza tal cosa un estado de alarma? No parece, salvo que se lea la Constitución desde y subordinada a la legislación sanitaria. Lectura insólita.

Y entonces llega el CIS y alienta la idea de limitar la libertad de expresión mediante la prohibición y castigo de los bulos, las mentiras y las falsedades. Los españoles deberán ser veraces bajo amenaza de sanción. Para temblar.

¿Y qué decir del control, no de las medidas adoptadas, sino del órgano que las adopta, es decir, del Gobierno? Pues me temo que sólo cabe constatar que el Ejecutivo actúa hoy sin control alguno digno de tal nombre. El Parlamento vivía desde hace ya tiempo un declive acentuado en su capacidad de control del Gobierno, no sólo en España sino en todas las democracias europeas continentales. Cada vez más, el Parlamento era un simple teatro para escenificar disensiones y no el órgano codirector que el sistema de separación de poderes suponía. Pero con ocasión de la alarma constitucional su insignificancia ha llegado a un extremo inaudito. Simplemente ha 'cerrado' en casi todas sus actividades y funciones, pues su dócil presidencia considera que no existe forma de reunirlo en épocas de infección. Lo que, en román paladino, significa que pueden llegar a celebrarse unos trascendentales pactos de Estado, pero no pueden discutirse allí donde residía hasta hace poco esa substancia mágica llamada soberanía. Por lo menos sorprendente.

El contrapeso federal que supone el Estado autonómico, por su parte, no ha aguantado el primer embate de un centralismo desaforado aupado en el grito de que el virus no reconoce fronteras ni territorios. Sorprendente posición de quienes hasta ayer propugnaban una territorialización federativa del poder público.

Inoperativos los contrapesos sistémicos, ¿cabría controlar al Gobierno desde la opinión o desde la ciencia? Más bien parece que no. El Ejecutivo ha colonizado literalmente la televisión pública para hacerla un escaparate constante de su actuación, sin que se haya reservado un espacio correlativo a la oposición y a la crítica. La voz del Ejecutivo es la que se presenta como omnisciente, a la oposición se le reserva un papel secundario de protestón chinchorrero. De la crítica profesional del propio medio mejor no hablar. No existe. Las ruedas de prensa son soliloquios inagotables de las autoridades (supuestamente) interrogadas.

El saber científico, el único conjunto desde el que cabría el control, ¿funciona? Dudoso. El Ejecutivo se ha rodeado de 'expertos' a los que cita de continuo como el aval de legitimidad y acierto de sus medidas. Pero llama la atención que tales 'expertos' lo sean siempre a título individual y que no exista en España la referencia a alguna institución científica colectiva y establecida que pueda filtrar y objetivar a tanto experto anónimo y muchas veces demasiado complaciente. Es más, la comunidad científica española ha puesto de manifiesto a través de sus instituciones más elevadas que el Gobierno está restringiendo la difusión y comunicación de datos de manera que la ciencia no puede de hecho orientar en el tratamiento del problema. Tener los datos, esa es la cuestión.

El Ejecutivo propone unos grandes «pactos para la reconstrucción» (para «el rediseño de España» decía una ministra lenguaraz) pero lo hace como si estuviéramos en la situación preconstitucional de 1977. Parece querer el desorden y la acumulación de actores, todos mezclados con igual voz: partidos, comunidades autónomas, sindicatos, organizaciones, ONGs, todo el que tenga algo que aportar. En tal turbamulta el Gobierno vence de antemano, claro, sobre todo si monopoliza la información. Es el método habitual de los populistas, peronistas y bolivarianos de toda laya, el de acudir a la sociedad inarticulada dejando de lado o saltando sobre las instituciones de mediación.

Excepción no era relajación del control. Al revés, la excepción requería y requiere de más control todavía. Porque para algunos (y no es necesario citar nombres), la excepción es una oportunidad para cambiar el sistema diciendo que lo van a reparar.