Dos informes, cuya autoridad queda al margen de toda duda, han vuelto a recordar días atrás los problemas en los que se halla inmerso un ... componente esencial del estado del bienestar en nuestro país: nuestro sistema de pensiones. De una parte, el Tribunal de Cuentas, y de otra el Banco de España, se han pronunciado sobre tema tan espinoso con cifras cerradas al 31 de diciembre de 2018. No puede ocultarse en este lugar que las graves carencias que aquejan a las cuentas de la Seguridad Social resultarán corregidas y multiplicadas cuando computen el colapso productivo y laboral del ejercicio 2020.
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El Pleno del Tribunal de Cuentas fiscaliza en su documento la situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de la Seguridad Social. Algunas cifras hablan mejor que las palabras. Por ejemplo, los resultados negativos acumulados entre 2010 y 2018 ascendieron a 115.022 millones de euros incidiendo en el patrimonio neto, que se ha tornado negativo desde 2016 hasta 2018, hasta los 37.933 millones de euros. La causa básica reside en el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista (aumento del 18,73 %) respecto al del ingreso medio por afiliado (disminución del 1,28 %). El déficit entre prestaciones económicas a jubilados y los pagos de los cotizantes ascendió entre 2011 y 2018 a 134.201 millones de euros, en porcentaje, un defecto de cobertura del 18%.
Otro dato regresivo es la distinta evolución del ingreso medio anual obtenido de los afiliados, que incluso decrece ligeramente en el periodo un 1,2%, y el gasto medio anual por pensionista, que aumenta un 9,5%. Los ingresos giran, como es sabido, sobre salarios y bases cada vez menores mientras que las nuevas pensiones sustituyen, por exceso, a las que van causando baja.
El déficit acumulado entre 2011 y 2018 se eleva a 134.201 millones de euros
Como consecuencia de estas distorsiones, el endeudamiento total de la Seguridad social, para poder seguir atendiendo cada mes al pago de pensiones, alcanza a finales de 2018 los 79.222 millones de euros equivalentes al 6,56% del PIB de dicho año, de los cuales la partida mas abultada -50.273 millones- corresponde a los préstamos concedidos por el Estado.
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El informe del Banco de España por su parte hace hincapié -entre otros- en dos aspectos relevantes del actual sistema de pensiones: la contributividad excesiva y la extraordinaria rentabilidad atribuida a los ingresos de los afiliados durante su vida laboral activa. La palabra 'contributividad' no figura en el diccionario de la lengua. Pero está asumida en la jerga laboral para significar el grado de proporcionalidad y congruencia financiera que existe entre lo que un trabajador ha cotizado a lo largo de su vida laboral y la cuantía monetaria que percibirá durante su jubilación. La contributividad sería matemáticamente exacta si el modelo adoptado en nuestro país hubiera sido el de capitalización, de tal modo que cada trabajador acumulase en el momento de su jubilación las cantidades aportadas al plan durante su vida laboral más los intereses y ganancias (o pérdidas) de capital incurridas. Es el método utilizado en los planes privados. En ellos la correspondencia entre cotizaciones y pensiones es exacta.
Pero en nuestro sistema, las pensiones se articulan bajo el principio de la solidaridad intergeneracional de modo que los trabajadores en activo financian las prestaciones de las personas que están cobrando una pensión en ese mismo momento, dando lugar a un sistema contributivo, obligatorio y de reparto. El resultado es una contributividad actuarialmente incorrecta por exceso. El Banco de España lo cuantifica sin reparos: un pensionista recibe a lo largo de su jubilación 1,74 euros por cada euro de contribución aportado, o dicho de otro modo los pensionistas reciben en pensiones un 74% más de lo que cotizaron durante su vida laboral.
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Como es lógico las contribuciones son merecedoras de una rentabilidad, que nuevamente el emisor central evalúa en el 3,5% anual. Este 3,5% debe compararse con la rentabilidad de la deuda del Estado a diez años que al día de hoy es del 0,35% anual, lo que nos lleva a la conclusión de que la rentabilidad atribuida al fondo de las pensiones es diez veces mayor que el coste de la financiación del Estado en los mercados.
La insostenibilidad de las futuras pensiones hunde sus raíces, entre otros muchos, en las incongruencias que aquí se han destacado.
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