Contención democrática

Puigdemont y Torra merecen una respuesta unánime contra su disparatado proyecto

Quim Torra y Carles Puigdemont./Reuters
Quim Torra y Carles Puigdemont. / Reuters
EL CORREO

Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez coincidieron ayer en que el Ministerio de Hacienda mantenga la supervisión sobre las cuentas públicas catalanas y en recurrir de nuevo a la aplicación del 155 si, ya en manos de Quim Torra, la Generalitat opta por vulnerar la ley. La discrepante actitud de Albert Rivera al reclamar la continuidad de la intervención central sobre la autonomía catalana y que esta se vuelva más severa carece de encaje en el ordenamiento jurídico. El Estado de Derecho en ningún caso puede verse forzado a adelantarse a posibles acontecimientos ni a atajarlos activando medidas excepcionales antes de que se evidencie su necesidad desde el punto de vista legal. Es legítimo que Ciudadanos desarrolle una estrategia de marcaje al Gobierno a cuenta de la crisis catalana. Pero sería mejor para la estabilidad institucional y la confianza democrática que Rivera y su partido tratasen de sintonizar con la línea roja que ayer establecieron Rajoy y Sánchez. Independientemente de que la visibilización de ese acuerdo responda a la necesidad compartida por el PP y el PSOE de contrarrestar el ascenso demoscópico de Ciudadanos y Podemos. Ni los más agoreros podían esperar que el independentismo manejado a distancia por Puigdemont respondiera al insistente clamor para que Cataluña recuperara un Gobierno propio dentro de la legalidad con la designación de un presidente que a diario hace gala de sus antecedentes extremistas y provocadores. El emplazamiento de Torra a Rajoy para que se siente a dialogar parece una broma cuando va precedido de pronunciamientos como el de que la Generalitat de Puigdemont debió defender la declaración unilateral de independencia y de anuncios sobre la inmediata constitución de una república propia. Es evidente que el diálogo demandado por Puigdemont y su sucesor no se refiere a las condiciones en las que Cataluña –incluso 'la Cataluña de los independentistas'– podría sentirse más cómoda en el Estado de las Autonomías, ni siquiera a través de una eventual reforma constitucional. Más bien se trata de un emplazamiento dirigido a pactar los términos de la desconexión definitiva. Un requerimiento que pone a prueba las cuadernas del propio independentismo, violenta la convivencia con la otra mitad de Cataluña y que ningún Gobierno constitucional puede atender. Puigdemont y Torra están labrando la unanimidad democrática contra su disparatado proyecto.

 

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