Completar el Estatuto

Editorial ·
La singularidad de la autonomía vasca es plenamente respetuosa con la legalidad y no puede servir de excusa para incumplir la Carta de Gernika

EL CORREO

Domingo, 3 de marzo 2019, 00:46

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Aunque no sea objeto de un reconocimiento público a la altura del que merece, el Estatuto de Gernika es un punto de encuentro que satisface las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía y que ha dotado a Euskadi de un nivel de autogobierno sin parangón en Europa, cuyos frutos son reconocidos incluso por quienes en su día lo cuestionaron por insuficiente. El hecho de que, 39 años y medio después de su alumbramiento, los gobiernos central y vasco hayan delimitado las transferencias aún pendientes -de mínimo relieve, salvo la gestión económica de la Seguridad Social y las prisiones- y establecido un calendario de negociación sobre ellas no debería quebrar el amplio acuerdo político y social existente en torno a él. Carece de sentido que sea motivo de controversia partidista el cumplimiento íntegro del Estatuto dentro del marco constitucional vigente, un objetivo que se presume compartido. Más aún que la obligada aplicación en su totalidad de una ley orgánica -la Carta de Gernika lo es- sea esgrimida como arma arrojadiza en busca de votos en otras comunidades y derive en un inconveniente pulso entre poderes del Estado. El Gobierno vasco ha aprobado esta semana un acuerdo «para defender el Estatuto» en respuesta a la moción refrendada por el Senado, a propuesta del PP, en la que se aboga por vetar los traspasos todavía sin materializar.

Las tensiones propias de los periodos preelectorales y las legítimas discrepancias sobre la interpretación de algunos apartados todavía por desarrollar no pueden tornarse en un pretendido incumplimiento de la legalidad, la misma que con toda razón se exige respetar al nacionalismo. El Estatuto forma parte del bloque constitucional y tiene singularidades que en modo alguno pueden ser confundidas con una fuente de desigualdad, en línea con la reiterada doctrina de los tribunales. La utilización de su desarrollo como moneda de cambio en el juego político, en virtud de la necesidad que el Gobierno de turno tuviera de los votos del PNV en Madrid, ha resultado un manifiesto error mantenido durante décadas al anteponer los intereses partidistas coyunturales sobre una obligada lealtad institucional en la ejecución de las previsiones estatutarias. Además, en nada ha contribuido a hacer pedagogía sobre la autonomía vasca como una parte del Estado constitucional y no como un elemento extraño o enfrentado a él. Las pulsiones recentralizadoras que ganan ahora terreno en la política española no solo son contrarias a la voluntad mayoritaria de los vascos, sino a la legalidad vigente.