El complejo pacto estatutario

El Estatuto de Gernika fue el primero que se aprobó tras la recuperación de la democracia. Y, hasta ahora, el único que no ha sido revisado. La conveniencia de actualizarlo para adecuar su contenido a la Euskadi del siglo XXI, tan distinta a la de aquel lejano 1979 en el que vio la luz, parece indiscutible. Pero la reforma se verá conducida a un callejón sin salida si el nacionalismo confunde una necesaria puesta al día del marco autonómico con la tentación maximalista de crear un edificio de nueva planta sobre unos pilares anclados en el soberanismo. El autogobierno vasco no parte de cero, sino de un Estatuto que satisface a la inmensa mayoría de los ciudadanos (el 77%, según el Euskobarómetro). La mejora de las amplísimas competencias que recoge la Carta de Gernika ha de ser compatible con el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, a los distintos sentimientos de pertenencia que conviven en ella y a la legalidad. Los partidos caerán en un error, y harán imposible el acuerdo, si se olvidan de ello y confunden sus legítimas aspiraciones con derechos irrenunciables y exigibles en nombre de la democracia o del pueblo vasco. El principio de realidad, cuya ausencia en el independentismo ha empujado a Cataluña al borde del precipicio, es el camino para avanzar. El acercamiento entre las enfrentadas posiciones de las fuerzas políticas necesita capacidad de diálogo, cesiones mutuas y generosidad. También tiempo. Es cierto que, tras el fiasco del ‘procés’, el PNV ha rebajado los planteamientos del fallido Plan Ibarretxe, y que EH Bildu ha aparcado la vía unilateral. Aún así, la pretensión de ambos grupos de utilizar los derechos históricos para encajar el derecho a decidir en la Constitución y crear una relación bilateral Euskadi-Estado parece un ejercicio imposible incluso con una mágica ingeniería jurídica. Los serios recelos del PSE ante la postura de su socio en el Gobierno vasco y la negativa inicial del PP a revisar ni una coma del Estatuto -al que Podemos quiere imprimir más un giro social que soberanista- adelantan no solo las enormes dificultades para forjar un pacto en Euskadi, sino para que, en el caso de que se produjese y en función de su contenido, recibiera el aval del Congreso. Es uno de los daños colaterales del ‘procés’: el surgimiento de una pulsión centralizadora en la sociedad española, que Ciudadanos ha sabido explotar y que presiona a los dos grandes partidos para huir de cualquier pronunciamiento que suene a cesión al nacionalismo.