La ley y la vivienda

La ley vigente de suelo y rehabilitación urbana la hizo el Gobierno de Mariano Rajoy (se aprobó en 2015). Pero la competencia concreta, directa y practicable de vivienda y urbanismo la tienen las comunidades autónomas. Ellas dictan cómo y para qué se usa el suelo y establecen toda la infinita burocracia aplicable. Delegan algunos poderes en los ayuntamientos, que conceden licencias, califican y descalifican, planifican y promueven. Y así, las autonomías culpan al Estado central de que no haya vivienda disponible y este a las autonomías de que no se construya vivienda destinada a alquiler social. Unos quieren más regulación, otros menos, otros ninguna. Unos dicen que la solución es construir más, como si en los tiempos de la fiebre del ladrillo hubieran bajado los precios, y otros declaran zonas tensionadas al amparo de la polémica ley que ahora cumple dos años. Ante la envergadura del problema, se necesitaría un pacto de Estado donde todos los poderes y todas las tendencias llegaran a un acuerdo, pero el tal acuerdo ni siquiera es una posibilidad.

Los jóvenes no pueden comprarse una casa, muchos 'boomers' afrontan la jubilación sin ella, y crece el número de trabajadores en las filas del sinhogarismo. Entretanto, el mercado de lujo crece, la inversión inmobiliaria atrae capital extranjero y la vivienda como negocio no sufre crisis alguna. Que la vivienda de lujo sea un negocio parece normal, pero no que sea un lujo la vivienda. Esta es el refugio que protege la vida, que da respuesta a una necesidad básica y acoge los proyectos, la convivencia, el cuerpo y las cosas del pensar. Con el lujo se puede hacer negocio; en el terreno de las necesidades humanas y los derechos reconocidos, el negocio no puede estar por encima de las personas, aplastándolas. Está claro que con promulgar una ley no se arregla el problema de la vivienda; hace falta mucho más.