¿Castigan los ciudadanos la corrupción?

El expresidente Felipe González. /Óscar Chamorro
El expresidente Felipe González. / Óscar Chamorro
Braulio Gómez
BRAULIO GÓMEZ

Es una pregunta que ha revoloteado demasiado tiempo en las elecciones españolas a la que los científicos sociales dieron sus primeras respuestas centrándose en la democracia americana. Sus datos no eran alentadores. Los políticos afectados por escándalos asociados a la corrupción la mayoría de las veces eran reelegidos. En España, a partir de los escándalos asociados a los últimos años de Felipe González al frente del Gobierno, se investigaron los mecanismos que se ponían en marcha en el votante para absolver a su partido de las prácticas corruptas. El principal descubrimiento tenía que ver con la creencia, real o ficticia, de que la alternativa política no era superior en honestidad. Si crees que todos los partidos son igual de corruptos te quedas con el que tienes más afinidad ideológica.

Los años dorados de la corrupción urbanística en clave municipal también ofrecieron la posibilidad de observar el comportamiento electoral de los ciudadanos cuando se descubría en su localidad una gestión irregular y fraudulenta por parte de sus representantes políticos. Los que estudiaron a fondo la corrupción local y su relación con el voto llegaron a la conclusión de que aquella solo se castiga si se cumplen una serie de condiciones previas. Primero, que exista información de la corrupción en los medios. En segundo lugar, que esa información sea creíble y no esté monopolizada por alguna trinchera mediática. La tercera condición apunta a la socialización de los beneficios de la corrupción. Este punto era especialmente relevante ya que sostenía que en las elecciones celebradas en época de expansión económica se perdonaban los comportamientos ilegales e irregulares que beneficiaban a los intereses privados si a la vez se creaban puestos de trabajo y riqueza. Cuando el botín deja de ser suficiente para repartir entre la mayoría se activaría la ética en el voto. La siguiente condición tenía que ver con la credibilidad de la oposición como fuerza política más decente y honesta en la línea de los primeros estudios que investigaron la corrupción socialista de principios de los 90. Por último, aparecía la asunción de responsabilidades políticas como un elemento atenuante del castigo. Los partidos que internamente depuraban responsabilidades tenían menos probabilidades de ser castigados electoralmente.

La corrupción ha marcado la agenda española en el último mandato del PP y también hay suficiente evidencia empírica acumulada para saber que es uno de los factores que más ha influenciado en el voto a nuevos partidos y en el inicial crecimiento de Ciudadanos como un partido creíble en la agenda de la regeneración democrática en las elecciones celebradas en 2015 y 2016. En Euskadi, la corrupción nunca ha estado entre los tres principales problemas de los ciudadanos ni ha marcado una campaña electoral.

El juicio del 'caso De Miguel' está ahora en primer plano por la confesión de uno de los corruptores explicando cómo se pagaban comisiones. El caso alcanzó su mayor repercusión con la detención del diputado foral en 2010. Para las elecciones de mayo de 2011, todos los implicados habían entregado ya el carné del partido. El PNV perdió en Álava más apoyo popular que en Bizkaia y Gipuzkoa. Aun así, no conozco ningún estudio que relacione esa pérdida electoral con la corrupción.