cartas credenciales

Más allá de declaraciones de intenciones, el pacto presupuestario que ayer se dio a conocer viene a ser como las cartas credenciales que las izquierdas presentan a los ciudadanos con algunas de sus grandes apuestas, en las antípodas de la política económica del PP. El PSOE, desde el gobierno. Los morados, desde la oposición. De momento.

Subrayó lo de 'de momento' porque lo pactado por Pedro Sánchez y el líder podemita es un programa que no se acaba en un año. Y, sobre todo, porque la escenografía que el presidente concedió al líder de la izquierda alternativa -de evidente parecido a la que se usó en su día para presentar el pacto PSOE-Ciudadanos en el Congreso que debía servir de antesala a la llegada de Sánchez a La Moncloa, y que al final quedó en la nada 'gracias' a los morados- podría dar la impresión de ir dirigida a que nos vayamos acostumbrando a un entendimiento a dos, no sé si con vocación, pero sí con posibilidades de perdurar y de llegar ya se verá hasta dónde.

Más allá de los estrictamente político, la relevancia del acuerdo radica en las medidas que contiene. Muchas de ellas abiertamente populistas. La más llamativa, ese aumento del salario mínimo de 735,9 euros mensuales a nada menos que 900, por catorce pagas, lo que supone la mayor subida en la historia de la democracia. Sólo un dato: entre 2008 y 2016 el smi apenas creció de 600 a 655 euros al mes.

Pero el pacto contiene un acuerdo de mucho más calado, de mayor recorrido. El compromiso de empezar a rectificar en tres meses la reforma laboral de Rajoy y de hacerlo por los capítulos que han resultado más lesivos para los trabajadores, los que debilitaron su posición ante las empresas en la negociación colectiva, que son los que han contribuido de manera determinante al alarmante empobrecimiento que han sufrido amplias capas de la sociedad española.

El pacto, es obvio, será más relevante si finalmente tenemos Presupuesto en 2019. Porque ello supondría que quienes menos ganan ingresarían 164 euros mensuales más. Pero también porque quienes perciben sueldos de más de 130.000 euros tendrían que pagar más a Hacienda (excepto en el País Vasco y Navarra).

Pero también lo será porque votar en contra puede implicar un evidente coste político de quienes vean que ese 'no' les deja sin determinadas beneficios. Y porque, en cualquier caso, otorga a sus proponentes material para sus programas en caso de que al final tengamos elecciones generales anticipadas.

No, no parece probable que Sánchez tenga Cuentas. PSOE y Podemos suman 154 votos en el Congreso, muy lejos de los 176 necesarios. Ambos deben convencer a nacionalistas e independentistas de que voten 'sí'.

Parece improbable que el PNV -o los canarios- no apoyen el proyecto, previa aceptación de alguna condición, claro. Pero las exigencias del secesionismo catalán sobre el llamado derecho a decidir y los presos del 'procés', del todo punto inaceptables, invitan al pesimismo. Por más que el Gobierno anunciara también ayer que deroga el decreto ley aprobado por Rajoy hace un año para facilitar la fuga de empresas.

Aunque al final no haya Cuentas no está nada claro que vayamos a ir a las urnas en marzo. Por más que eso sea lo que Sánchez le exigió en su día a Rajoy. Y lo que él mismo dijo que haría llegado el caso. Con el Gobierno de las rectificaciones cualquiera sabe. Y, además, Sánchez está tan tan encantado en La Moncloa...